El Plan Nacional de Desarrollo habla de la utilización de energías renovables, pero la política energética vigente apuesta por el suministro energético de combustibles convencionales como aquellos de origen fósil o la electricidad, a pesar de que los costos para el uso y aprovechamiento de otro tipo de energías se ha reducido de manera considerable, y de que, a partir de este año, existe un compromiso internacional, derivado de los Acuerdos de París, de comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta fue una de las conclusiones derivada del foro La política energética de la 4T, celebrado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, como parte de las actividades del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) y el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, durante el cual, especialistas en la materia, cuestionaron que mientras en otras naciones se está llevando a cabo una transición energética acelerada, en México, no hay visos de que está ocurra.
Al presentar un diagnóstico en la materia, Daniel Chacón, de Iniciativa Climática México, explicó que la política energética de esta administración federal se sustenta en el rescate de Petróleos Mexicanos, la rehabilitación de refinerías, la construcción de nuevas refinerías, la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad y la asignación de recursos extraordinarios para las industrias petrolera y eléctrica nacionales.
Pero no habla de un proceso de descarbonización ni de la reducción de la emisión de gases ni de tender hacia una autosatisfacción de las necesidades de energía en los hogares ni de una desincentivación del uso de fuentes fósiles de energía.
Durante el análisis del panorama actual, Paulina Cerdán, del Centro de Colaboración Cívica, consideró que urge una transición energética justa, tanto en lo técnico como en lo social, que tome en cuenta los impactos diferenciados, que reduzca asimetrías de poder y en la toma de decisiones.
Antonio del Río, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, indicó que hay una confusión, incluso en la utilización de los términos, pues mientras que en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de energías renovables, en los objetivos y líneas de acción se estipula la necesidad de apostar por energías limpias, entre las cuales, se incluyen la nuclear y al gas.
Claudia Campero, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, refirió que la transición energética debe ser vista desde una perspectiva de género, pues el cambio climático afecta de manera especial a las mujeres.
Además de la urgencia por tomar en cuenta que debe existir una justicia distributiva en materia de acceso a las energías en el país, y democratizar la transición energética mediante la inclusión, y la Promoción de un Programa Nacional de Transición Energética en el que se incluyan a diferentes agentes de cambio, de diversos sectores.
Como parte de las medidas a tomar para poder llevar dicha transición energética, las y los especialistas participantes consideraron que se debe reorientar la política de subsidios a las tarifas eléctricas para invertir en techos solares; plantear una meta de uso de energías renovables más ambiciosa a la actual; evitar la sobreinversión en el mejoramiento de la capacidad de refinación para producir gasolina y diésel en el país, pues las tecnologías aplicadas a dichos procesos, quedaran obsoletas en 20 años; diversificar los mercados de suministro; ampliar la capacidad de almacenamiento estratégico e implementar medidas de control de consumo energético como las normas de eficiencia vehicular y el impuesto al carbono.
Asimismo, recordaron que esta es la última generación que habita nuestro planeta que puede hacer algo para revertir el cambio climático.