En las oficinas donde se aposentan los jueces, magistrados y ministros hay un enfado descomunal por la aparición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos publicada apenas el pasado 5 de noviembre de 2018 al poner límite a sus salarios bajo el principio de que nadie puede ganar más que el presidente de la República.
Aprovechando graves errores de técnica legislativa de esa norma aplana salarios, los juzgadores en revuelta alegan violaciones graves a sus derechos humanos, del derecho a su seguridad jurídica, del principio pro persona, del principio de progresividad, del derecho a una remuneración, anual, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades.
Derechos Humanos
Todos argumentos extraños, ahora incongruentes, esgrimidos por ellos, porque el poder judicial de la federación, donde ellos son “intérpretes de la norma” han hecho añicos esos principios.
Hace varios años de manera sistemática, esos jueces que ahora se desgarran las vestiduras, con sus sentencias (de conveniencia) han mandado a la basura derechos fundamentales de los trabajadores, y que ahora, con un decreto que afecta sus percepciones salariales, alegan violaciones a “derechos irrenunciables”.
Olvidan (nosotros no) que su posición de jueces siempre estuvo al capricho de los intereses del gobierno en turno, ahora que la corriente de un nuevo gobierno maltrata sus salarios, sacan de sus portafolios (todos empolvados) los mejores argumentos de derechos humanos que ellos mismos han pisoteado.
Basta recordar cómo acabaron con la garantía de audiencia y de no retroactividad de las leyes, y del principio de progresividad, ni se diga. Como barrenadora terminaron con la esencia de los derechos laborales.
Basta recordar la reforma a la ley del ISSSTE en 2008 que borró derechos adquiridos de los trabajadores al servicio del estado. Ellos alegaron, los trabajadores, violaciones a los derechos humanos, como ahora ellos (los jueces) lo gritan a cielo abierto, e hicieron oídos sordos. ¿Se acuerdan?
Despidos
No se olvida, cómo esos juzgadores que ahora se dicen víctimas, convalidaron el despido de más de 44 mil trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en el año de 2009. Nunca se les dio garantía de audiencia, de respeto a su legalidad, de sus derechos adquiridos, se quedaron sin empleo, sin salarios. Fueron tratados como si fueran delincuentes, hubo asesinatos, encarcelamientos por consigna, hasta suicidios. Sin embargo, para esos jueces de lujo no hubo violación a los derechos humanos de los trabajadores de esa paraestatal. Avalaron la conducta arbitraria del gobierno calderonista, que con la fuerza pública y hasta con militares pisotearon los derechos de los electricistas.
Con la reforma educativa ocurrió lo mismo. Los “sabios” ministros de la Corte avalaron una regresiva reforma que borró los derechos de cientos de miles de maestros. A ellos no les importó la Constitución, ni los Tratados Internacionales, ni la universalidad de los derechos humanos. Cientos de maestros sufrieron despidos (que aún siguen en la calle), hubo asesinatos, encarcelamientos, muchos enfermaron por el atropello de sus derechos, otros murieron por padecimientos originados por tanta agresión a su persona, otros más fueron jubilados a la fuerza. Con sus sentencias avalaron el atropello a la Constitución como una forma de gobierno.
¿Ya lo olvidaron?
¿De qué derechos hablan los señores jueces? ¿De los suyos, que son los que cuentan? ¿Van a excusarse de conocer de los amparos y de las acciones de inconstitucionalidad que se presenten?
De conocer y resolver los ministros de la Corte sobre la constitucionalidad de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos cometerán una grave falta al convertirse en juez y parte.
Si existe algo de dignidad en esas instituciones que han interpretado la Constitución al antojo de los intereses en turno deben excusarse por tener interés en esa nueva ley.
Que mejor decida el pueblo, en esas consultas que tanto critican, para saber si están de acuerdo, en voto secreto, que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República.
¿Qué dice la gente de la calle?
¿Qué opinan los mortales, la gente de a pie, sobre este dilema?