El 12 de febrero pasado, fue presentada una propuesta de reforma al Poder Judicial Federal que pone en relieve dentro de la agenda pública el carácter estratégico que tiene la impartición de justicia para la vida en comunidad. El documento “Reforma judicial con y para el Poder Judicial” atiende aspectos puntuales de la gestión y el ejercicio judicial que se orientan al fortalecimiento de sus capacidades, particularmente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, en un contexto en el que se preserva la autonomía de las instituciones judiciales y se aprovechan las bases normativas existentes, perfeccionando los logros de modificaciones constitucionales y legales anteriores.
En el documento se incluyen cuestiones importantes, como son la sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito por Tribunales Colegiados de Apelación, lo que genera un marco de discusión colegiada para el ejercicio de funciones de alzada; el énfasis en la profesionalización y la capacitación del personal mediante la Escuela Judicial; medidas dirigidas a combatir la corrupción y el nepotismo; la sujeción a la Ley de Carrera Judicial para todo el personal jurisdiccional; fortalecimiento de la defensoría pública y modificaciones al sistema jurisprudencial.
El último punto referido implica que cada sentencia de la Corte será un precedente obligatorio de atender por parte de los órganos jurisdiccionales, tanto locales como federales. De aceptarse esta propuesta, vendría a cambiar el sistema actual de jurisprudencia, que solamente admite como criterio obligatorio a aquellas resoluciones resueltas de manera similar por el máximo tribunal en cinco ocasiones sin que exista alguna en contrario.
Otro tema relacionado con las decisiones de la Suprema Corte, tiene que ver con la incorporación de disposiciones que, de ser aprobadas, facilitarían la declaratoria general de inconstitucionalidad. A través de modificaciones a la Ley de Amparo, se hace posible notificar los efectos del juicio de garantías a la autoridad emisora de una norma determinada como inconstitucional desde el primer asunto en que así se declare, lo que resulta en la extensión de la protección del amparo de manera expedita al ámbito general, para expulsar del marco normativo a aquellas regulaciones disruptoras del orden constitucional.
Los aspectos abordados se relacionan con el potencial del Poder Judicial como igualador social, al incidir de manera positiva en la materialización del acceso a la justicia en mejores condiciones, propiciando la reducción de la brecha que aún persiste entre la enunciación de derechos y su ejercicio cotidiano, particularmente entre los grupos poblacionales más vulnerables.
Del procesamiento de la propuesta por parte del Poder Legislativo, se obtendrán las nuevas reglas del juego judicial, cuestión trascendente en la coyuntura actual de nuestra nación, permeada por grandes problemas sociales relacionados con la forma como se procura y administra la justicia. El trabajo legislativo que tendrá lugar constituye una gran oportunidad para que la sociedad civil se incorpore de manera activa en la construcción de nuevos cimientos para la impartición de justicia, pues, además de responder a las necesidades nacionales, idealmente debe ser resultado de la acción colectiva más amplia. El espacio del Congreso podrá servir de vaso comunicante para que se realice un diálogo entre investigadores, docentes, activistas y expertos, con los legisladores, quienes tendrán la enorme responsabilidad de concretar en un corpus normativo los significativos cambios trazados de inicio por el Poder Judicial en su propuesta.
Diálogo, transparencia, apertura y colaboración son los elementos clave para que, un cambio profundo en el marco que rige el pacto social como es la reforma judicial, sea revista de legitimidad, entendida no solamente como el cumplimiento de requisitos formales y procedimentales, sino como resultado de la aceptación consensuada por parte de la sociedad, a partir de su involucramiento en la confección legislativa.
La voluntad política exhibida por el titular del Poder Ejecutivo al hacer suya la propuesta elaborada por el Judicial, en virtud de la carencia de atribuciones de este para proponer iniciativas al Congreso, deberá encontrar eco en la labor de los legisladores de todas las fuerzas políticas, pues sin duda los resultados de la reforma judicial tendrán impacto en cuestiones que trascienden las banderas y agendas políticas. En la medida de lo posible, se deben buscar los acuerdos necesarios para que el marco jurídico que resulte de la acción legislativa constituya un esfuerzo claro y concreto, dirigido no sólo al fortalecimiento institucional de la Corte, sino también al restablecimiento de la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Queda en los legisladores atender la tarea de creación de un entorno que permita a las personas acudir a los tribunales a defender sus derechos, en un contexto de plena vigencia de las disposiciones constitucionales, particularmente de aquella que mandata que la impartición de justicia se haga de manera pronta, completa, gratuita e imparcial.