El acceso universal a vacunas para el virus SARS-CoV2 ha implicado la producción y distribución de nuevas tecnologías por parte de un reducido número de países hacia el resto del mundo, como Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña e India. En esta carrera de producción y distribución, se han sumado otros países, notablemente Cuba. En octubre del 2021, trece vacunas se encuentran autorizadas comercialmente en el ámbito mundial, donde las agencias regulatorias de cada país les han otorgado la autorización sea de uso limitado o completo. Complementariamente, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado siete vacunas, correspondientes a las entidades productoras de Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, Oxford/Astra Zeneca, el Instituto Serum de India, Sinopharm y Sinovac.
La producción de estas vacunas está basada en una diversidad de plataformas, como la del ARN mensajero, el vector viral o el virus disminuido (o eliminado). La rapidez en su producción no sólo remonta a la intensa inversión en investigación y desarrollo (IyD) por parte de los Estados (cabe recordar la “Operación a una Velocidad Endiablada”, instrumentada por Donald Trump, invirtiendo más de 10 mil millones de dólares para la producción de tecnologías médicas relacionadas con el virus del SARS-CoV2), sino también a décadas previas de una inversión tanto en capital como mano de obra intensiva por parte de los Estados hacia los centros de investigación para el desarrollo de tecnologías médicas.
No es casual que EU cuente con el desarrollo de las tecnologías basadas en el ARN mensajero (las plataformas más prometedoras por su eficacia), siendo que desde la Segunda Guerra Mundial, los Institutos Nacionales de Salud (o en inglés, los National Health Institutes) han sido el segundo mayor receptor de inversión en IyD, luego del sector militar. Así, EU cuenta con tres vacunas aprobadas comercialmente: Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer-BioNTech (en una co-producción con Alemania), basadas en el ARN mensajero –sin contar las que se encuentran en fase 3 de los ensayos clínicos, como Novavax, basada en la inducción de proteínas–.
O bien, en el caso de Rusia, la vacuna Sputnik, producida por el Centro de Investigación Gamaleya (CIG), está basada en la plataforma del vector viral. Un lustro previamente, el CIG había desarrollado esta plataforma, la cual fue usada para la vacuna contra el Ébola que no alcanzó a llegar a la fase 3 de los ensayos clínicos, en tanto la pandemia había sido controlada en África Occidental. Una vez declarada la pandemia del SARS-CoV2 por China en diciembre del 2019, el CIG contaba con la técnica en el desarrollo de la plataforma, por lo cual sólo bastó descifrar la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 con el fin de lograr la vacuna.
Por otro lado, China cuenta con cinco vacunas aprobadas comercialmente, habiéndose convertido en el gran productor de vacunas para el virus del SARS-COV2 en el ámbito mundial, contando con una capacidad de producción de 5 mil millones de dosis anuales (necesitando sólo 1.4 mil millones para abastecer a su población nacional). Esto supera la capacidad de producción de las vacunas más eficientes, como las basadas en el ARN mensajero producidas en EU y las plantas afiliadas en Europa. De las vacunas producidas en China, dos fueron desarrolladas por Sinopharm (una empresa de propiedad estatal), la tercera por Sinovac, la cuarta por CanSinoBIO y la quinta por Anhui Zhifei Longcom.
Los países en desarrollo han estado sujetos a la provisión de estas tecnologías médicas por medio de distintos mecanismos. Primero, en el ámbito multilateral, diferentes iniciativas, bastante limitadas en su alcance, se han desplegado tanto para la producción como para la distribución de vacunas en el ámbito mundial. Por ejemplo, a pesar de que EU apoyó la exención del Acuerdo para los Derechos de Propiedad Intelectual relativo al Comercio (ADPIC) en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ésta aún no ha logrado la aprobación de otros estados miembros, como la Unión Europea. Por esto, bajo las normas internacionales, diferentes productores aún no pueden producir estas tecnologías con el fin de agilizar el acceso y lograr la inoculación mundial de siete mil millones de personas. E incluso cuando fuese aprobada la exención por todos los 164 Estados miembros de la OMC, los países productores, como EU, tendrían que incentivar la transferencia de tecnología de empresas, como Pfizer-BioNTech hacia otras industrias con el fin de agilizar la producción.
En el caso de COVAX, ésta surgió coordinada por la Organización Mundial de la Salud, la Alianza para las Vacunas (o en inglés, GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación Epidémica (o por sus siglas en inglés, CEPI). Ésta está basada en una iniciativa previa, coordinada por las mismas instituciones, para la producción masiva de antirretrovirales para los pacientes de VIH, lo cual ha logrado la reducción del precio de estas tecnologías. Una de las grandes limitaciones de COVAX ha sido que estuvo contemplada para suministrar el 20% de las vacunas del total de la población en cada país, aumentando posteriormente al 50%. No obstante, esta distribución sigue siendo restringida, en tanto no alcanza el 70% de las vacunas necesarias para alcanzar la inmunidad de rebaño.
Así, los países en desarrollo y menos desarrollados han debido abastecer el total de las dosis de vacunas por otros mecanismos bilaterales, como contratos de adquisición, o sujetos a las herramientas de diplomacia suave ejercida por los países productores. Es decir, los Estados productores, como China, han ofrecido estas tecnologías a países en desarrollo y menos desarrollados por medio de donaciones, en términos favorables de adquisición, transferencia de tecnología, o colaboración en los ensayos clínicos. Estas herramientas han expandido la distribución de estas tecnologías. No obstante, las agencias regulatorias nacionales, la OMS, como el público en general se han visto enfrentados a debates sobre la clasificación en los rangos de innovación de estas tecnologías, siendo reconocidas unas vacunas más eficientes que otras, encontrándose allí los conflictos en la inoculación mundial a partir de los pasaportes sanitarios.
*Talia Rebeca Haro es candidata a doctora por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Cuenta con dos maestrías: una en Salud y Políticas Sociales con doble diploma Erasmus Mundus por parte de la École des Hautes Études en Sciences Sociales y la Universidad de Linköping; y, la otra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte del Instituto Mora. Ha sido investigadora invitada en el Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad de Brown, la Universitàt Autonóma de Barcelona, Public Citizen, y en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales.