Si 2019 fue el peor año en materia de violencia, todo apunta a que 2020 lo rebasará. Según la información oficial disponible, los primeros cuatro meses del año presentan un aumento del homicidio doloso del 2.2% respecto al mismo periodo del año anterior.
De manera similar, el conteo diario de homicidios, elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, muestra que tanto el promedio diario de homicidios de mayo como el de los primeros días de junio, es mayor al de mayo y junio 2019.
A 19 meses del inicio de este gobierno la excusa que los actuales niveles de violencia son culpa de gobiernos anteriores ya no aplica. A estas alturas, si este gobierno hubiese tomado buenas decisiones, ya hubiéramos podido observar alguna mejora en esta materia y pronosticar un 2020 mejor que 2019.
Al analizar las cifras, podemos observar cómo ni siquiera la actual pandemia por covid-19 logró frenar los homicidios, marzo 2020 fue el segundo mes más violento de la historia del país, abril el onceavo peor y en este mismo periodo se han roto dos veces el récord diario de homicidios desde el inicio del sexenio.
Si bien el presidente López y el secretario Durazo insisten en mejoras en seguridad, los datos oficiales de su propio gobierno los desmienten: hasta este momento este sexenio está siendo mucho más violento que cualquiera de los que ya vivimos.
Esta lamentable situación es efecto de la total ausencia de una estrategia de seguridad y de políticas públicas que la respalden, las acciones aisladas que esta administración confunde con estrategia ni cumplen con los criterios para poderla denominar tal, ni cuentan con un proyecto para cumplir sus objetivos, ni cuentan con los insumos para ser realizables.
Dichas ausencias son entendibles cuando se analiza cómo este gobierno federal actúa en otras áreas prioritarias de la administración del país como son las de economía o salud.
2019 fue un pésimo año para la economía nacional, el PIB del país creció un 0% pese a que López afirmaba que con su gobierno habríamos de crecer por arriba del 6% y que por años criticó los sexenios de Calderón y Peña por lograr en su momento “apenas” un crecimiento de entre el 1 y el 2% anual.
Además, la actual pandemia agravó la crisis de la economía, en lo que va del año entre 12 y 18 millones de mexicanos han perdido entre el 60% y la totalidad de sus ingresos. Debido a ello los especialistas prevén para 2020 una caída entre el 8 y el 10% del PIB nacional.
Por su parte, en materia de salud, 2019 puede ser recordado como el gran año de los desabastos, desde la falta de personal médico, hasta la de insumos o medicamentos, el sector salud vivió una crisis generalizada que no habíamos visto con anterioridad.
Con el inicio de la pandemia la incapacidad de este gobierno por construir políticas públicas efectivas quedó exhibida: ante una crisis mundial de salud, López y sus funcionarios recomendaron estampitas religiosas, abrazarse, omitir cubrebocas, seguir saliendo. Ante las denuncias internacionales de subregistros y mentiras acerca del número de contagios y fallecidos por parte del gobierno mexicano, el presidente y el subsecretario de salud respondieron culpando a complots internacionales en contra de nuestro país.
Con estos antecedentes, no sorprende que López proponga un decálogo para salir de la crisis similar al que la tía religiosa de cualquiera de nosotros hubiese propuesto: optimismo, espiritualidad, comer frutas y verduras.
Sí ¡para el presidente López las muertes por contagio de covid-19 y la crisis económica nacional y de millones de familias se resuelve con buenos pensamientos y espiritualidad!
Por ello no debe sorprender que este gobierno piense resolver la violencia acusando a los delincuentes con sus familias; generando una institución policial nueva sin dotarla de los recursos básicos; poniendo en marcha programas electoreros de transferencias económicas a jóvenes, sin métricas de evaluación o focalización según mapas de riesgo o combatiendo sólo en el papel la corrupción sin que existan planes de acción o un sólo resultado.
Definitivamente el gobierno de López no sabe construir estrategias de combate a la violencia, de activación de la economía o de salud pública; tampoco sabe cómo se elabora una política pública que respalde una posible estrategia.
En un contexto ideal, la tarea del tomador de decisiones en materia de política pública está en saber priorizar entre las tantas necesidades de una sociedad, lo hace con base en qué genera mayores beneficios para la población y con base en cuáles acciones son posibles según el marco normativo, la cantidad de recursos económicos disponibles y el marco internacional.
Una vez establecido qué necesita una sociedad para prosperar y qué se necesita para lograrlo, define el armado de acciones y evalúa sus resultados según indicadores objetivos de desempeño y de resultados. De esta manera se puede entender el alcance de una política y aprender de ella para casos similares.
En abierta oposición tenemos lo que estamos viendo y viviendo, el pensamiento mágico y la improvisación dominan la toma de decisiones de un gobierno que, a 19 meses del inicio de su administración, ha logrado empeorar sustancialmente la imagen de nuestro país en el extranjero, así como la vida y el futuro de los mexicanos.
El presidente López se propone a sí mismo como un conocedor de la historia nacional, lamentablemente no parece. Si en realidad lo fuese, recordaría que cuando Peña lanzó su propio decálogo, como respuesta a la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, marcó el fin de su administración, a pesar de que dicho decálogo era más cercano a una propuesta de políticas públicas, respecto al decálogo espiritual que ahora nos propone López.