Un ejemplo de lucha, de perseverancia por alcanzar objetivos, ideales y metas que parecen imposibles de alcanzar han sido, sin duda alguna, las mujeres. Han demostrado una y otra vez, entre otros aspectos, batallas ejemplares por lograr algo que ya está escrito en nuestra Constitución Política: la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Esta lucha tuvo un paso importante hace 67 años en que le fue reconocida en la Constitución sus derechos de votar y de ser electas para un cargo de elección popular. Sin embargo, la materialización de dicho reconocimiento ha tenido múltiples dificultades para que, en las diversas legislaciones electorales, se contemplara de manera efectiva una igualdad sustantiva.
Cuando mucho, y durante un largo tiempo las mujeres han estado en un segundo plano en la competencia por el ejercicio del poder público. Así, diversas legislaciones electorales fijaron cuotas para, según la norma, ir abriendo la brecha de dicha desigualdad como si de una concesión se tratara cuando es y debe ser un derecho. O bien, para indicar que los partidos políticos procuraran incorporar a un mayor número de mujeres en espacios representativos y en la práctica todo se quedó justamente en ese intento, es decir, procuraron, pero no lo lograron.
Fue hasta la reforma constitucional de 2014 en materia político electoral que se estableció la piedra angular que dio paso al principio de paridad de género para la postulación de cargos de elección popular. Cinco años después, en 2019, llegó una nueva reforma conocida en el ámbito legislativo como “Paridad Total” en donde se determinó que todos los poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, entes autónomos, entre otros, que deberán estar conformados de forma paritaria.
Con esta reforma y con base en toda una argumentación jurídica el INE aprobó un acuerdo para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas en la renovación de los 15 espacios del poder ejecutivo local que en 2021 estarán en juego. Así, los partidos políticos o coaliciones, según lo determinen, deberán considerar que en 8 de las 15 gubernaturas deberán ser ocupadas por un mismo género.
Ante este importantísimo acuerdo histórico y fundamental para alcanzar una auténtica paridad de género en cualquier nivel de elección popular hubo múltiples voces de júbilo empezando por diversos colectivos de mujeres, académicas y académicos, funcionarias y funcionarios públicos, legisladoras y legisladores de diversos congresos, tanto del federal como locales, medios de comunicación y, sobre todo, de la sociedad civil.
Este júbilo rápidamente fue apagado por algunas impugnaciones que, en realidad, representan una minoría ante los que manifestaron su beneplácito por el acuerdo alcanzado por el INE.
¿Qué pasa entonces cuando entre los que impugnaron está justamente un órgano legislativo como el Senado de la República que en su oportunidad se congratuló por lograr la “paridad en todo”? Además de que a la población se le queda una percepción negativa de una instancia que debe de velar por los intereses y DERECHOS de las mayorías, es, en esencia, un acto contrario a dicha “Paridad Total”. Y la percepción de la población cuenta y mucho: son electores que en su oportunidad la fuerza de su voto define el destino de este país.
Así las cosas, la “Paridad Total” puede ser entendida sólo como el cumplimiento de promesas hechas en campaña en 2018 y aparentemente materializada en 2019, pero al final, una vez más, nos engañaron.
Ahora corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver en consecuencia las impugnaciones presentadas. Ojalá y la razón jurídica le asista finalmente al INE porque hoy, su credibilidad como órgano garante de los derechos político electorales de hombres y mujeres la tiene ganada y eso, en un sistema democrático, cuenta mucho.