La Sala Regional Xalapa sigue marcando la pauta respecto a la protección de derechos de las mujeres y los pueblos indígenas y en adoptar criterios avanzados para garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos.
El miércoles de esta semana, en sesión plenaria, la Sala Regional Xalapa resolvió los juicios para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos, identificados con los números de expediente JDC 626-634, cuya sentencia revoca la constancia de mayoría y la constancia de validez que había sido otorgada a diputados al Congreso de la Unión postulados por la Coalición “Todos por México”, encabezada por Roberto Antonio Rubio, ex secretario técnico del Gobernador del estado, por el 11 distrito en Las Margaritas, en estado de Chiapas.
Esta revocación es consecuencia del incumplimiento por parte de la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza del principio constitucional de paridad, así como de las cuotas indígenas aprobadas por las autoridades administrativas, que obligaban a los partidos y coaliciones a registrar candidaturas indígenas en por lo menos 12 de los 28 distritos con población predominantemente indígena, cinco de estos distritos están ubicados en el estado de Chiapas. Con la revocación de ambas constancias, la Sala Regional ordena otorgar dichas constancias y la respectiva curul en la Cámara de Diputados a la fórmula de candidatas postuladas por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
Para cumplir con la paridad en el registro de candidaturas, la coalición “Todos por México” debía cancelar la fórmula de hombres que casualmente a la postre obtuvo las constancias de mayoría, y postular una fórmula integrada por mujeres.
En la composición de la Cámara de Diputados se verá reflejado la presencia de una mujer más en su integración y las mujeres indígenas integrantes de esta Cámara serán ahora cuatro en lugar de tres.
La sentencia de la Sala Xalapa sienta un precedente importante para que aquellos que pretendan usurpar y despojar a los pueblos indígenas de las candidaturas que jurídicamente les corresponden o incumplir, recurriendo al fraude y las simulaciones, al principio de paridad.
La Sala Regional Xalapa ha sido determinante para evitar que personas que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley ocupen cargos de elección popular que no obtuvieron legalmente. Los denunciados tienen derecho a impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia de la Sala Xalapa. Ojalá no lo hagan y que los despachos carentes de escrúpulos que pululan por ahí, con ex integrantes del poder judicial y del poder legislativo entre sus socios, no consigan hacerse con nuevos clientes para seguir llenando sus carteras de dinero. La pregunta que debemos hacernos todos es ¿qué tipo de funcionarios públicos pueden ser aquellos que desde su registro violentan la ley?
México está cansado de funcionarios corruptos. Esa es la lección del pasado 1 de julio.
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