El desapego a la ley, a los principios de la administración pública, una política social carente del diagnóstico de los diferentes sectores y daños multimillonarios al patrimonio público, son cosas que quedaron en evidencia en la revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó al destacamento electoral del gobierno federal.
En su revisión a la Cuenta Pública del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ASF llevó a cabo la Auditoría 240-DS/2019, aplicada a la contratación de personal en el esquema de los llamados Servidores de la Nación y la elaboración del “Censo del Bienestar”. Las conclusiones, recomendaciones, observaciones y promoción de sanciones a altos funcionarios de esta auditoría no dejan lugar a dudas: la Secretaría de Bienestar contrató a más de 20 mil flamantes burócratas, cuyo pago de sueldos rebasó los 3 mil millones de pesos, sin que su contratación tuviera bases legales y/o reglamentarias.
La auditoría encontró que dicha Secretaría no presentó evidencia documental que comprobara que los denominados Servidores de la Nación hayan participado en esos programas y las actividades que realizaron en el marco de los mismos. Tampoco acreditó que el presupuesto ejercido por dichas contrataciones, se haya apegado a los criterios de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia y transparencia que la Constitución demanda. Por tal motivo, la ASF formuló 10 recomendaciones, 8 Pliegos de Observaciones y emitió 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra altos mandos de la mencionada Secretaría.
Lo anterior confirma las hipótesis formuladas por diversas investigaciones independientes (entre ellas las notas informativas que en su momento publicó La Silla Rota, así como el estudio contenido en el libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T). Tales hipótesis estimaron que la integración y contratación del personal adscrito a esa estructura burocrática no se ajustó a la ley ni a criterios administrativos. Por tanto, no causan extrañeza las conclusiones de la ASF, pues la integración de esa burocracia no se sujetó a regla ni convocatoria pública alguna y la selección de personal atendió exclusivamente a un criterio político consistente en haber participado en la promoción del voto de Morena durante la campaña electoral de 2018 o ser simpatizante de dicho partido.
La auditoría de la ASF demostró que carecen de fundamento legal tanto la existencia de los cargos como los sueldos que se pagan a gran parte de los integrantes de la estructura de los “Servidores de la Nación”, puesto que no están considerados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Secretaría de Bienestar no expidió su nuevo Reglamento Interior dentro del plazo legal que tenía para ello (hasta esta fecha no lo ha hecho). Por lo tanto, podemos afirmar que están fuera de la ley los cargos de los mini-gabinetes que acompañan a cada uno de los Delegados Estatales (son 645 empleados con altos sueldos), los de las personas titulares de las 266 coordinaciones regionales (cuyos cargos fueron rebautizados como “Direcciones Regionales” y perciben sueldos de 75 mil pesos mensuales), y también los de los 20 mil 373 Servidores de la Nación.
La existencia misma de este aparato es diametralmente opuesta a la austeridad que López Obrador presume y que se encuentra en sus compromisos de campaña y discursos, en su Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) y hasta en su “guía ética”. Pero también implican la violación a las leyes de la materia, pues la austeridad prohíbe, en primer lugar, la creación de nuevas plazas burocráticas. Tal prohibición está contenida en la Ley Federal de Presupuesto y en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 para acá, pero está visto que la disciplina presupuestaria y la austeridad republicana no aplican para la estructura dedicada a la operación político-electoral del gobierno de la 4T.
Aparte de que la constituyó en forma irregular, el gobierno federal de López Obrador consiente a su burocracia dorada pues se demostró en la auditoría que, sin justificarlo legalmente, asignó a todos sus integrantes plazas eventuales con todas las prestaciones de la burocracia federal: aguinaldos, antigüedad, seguridad laboral, seguro social, primas vacacionales y bonos. El cambio en la relación laboral implicó que el monto de la nómina anual respectiva se haya incrementado para rondar los 3 mil 700 millones de pesos en los ejercicios 2020 y 2021.
La ASF formuló en su auditoría ocho pliegos de observaciones por 562 millones de pesos, dado que encontró daño patrimonial contra el erario, por causas como la falta de control de la nómina, la duplicidad de pagos y, principalmente, porque se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por pagos realizados que no cuentan con la documentación comprobatoria (reporte de percepciones y nóminas) ni comprobantes fiscales que acrediten el concepto de pago.
En cuanto al “Censo del Bienestar”, la Secretaría de Bienestar fue incapaz de aclarar a los auditores cómo es que funcionó su levantamiento, por lo que en la auditoría dicho ejercicio queda como algo fantasmal. Pese a los requerimientos formalizados y a los citatorios que debieron atender los responsables, éstos no informaron quién o qué dependencia diseñó la plataforma y la aplicación en la que los “Servidores de la Nación” capturaron la información de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, denominadas Sistema de Desarrollo Integral Regional (SIDER) y AppCuestionarios, respectivamente. Tampoco se identificó a quien la administra ni en donde se resguardan la base de datos, los datos personales, la fotografía y firmas de millones de personas, por lo que, dicen las conclusiones de la auditoría: “no fue posible para este Órgano de Fiscalización Superior, conocer con exactitud el funcionamiento, operación, personal responsable de su operación y validación de la información contenida en el sistema, así como la fecha de su captura y registro, la información que se captura, su proceso de captura, registro y análisis, módulos que integran el sistema; reportes que se generan, entre otros elementos” que permitieran determinar de qué forma los “Servidores de la Nación” participaron en el “Censo de Bienestar”.
En cuanto a la calidad del “Censo del Bienestar”, que supuestamente consistiría en hacer un diagnóstico de las necesidades de las personas tendiente a identificar su idoneidad para ser consideradas potenciales beneficiarias de alguno de los programas sociales del gobierno federal, la ASF encontró que las preguntas del cuestionario aplicado por los “Servidores de la Nación” son genéricas, no están orientadas a evidenciar si las personas registradas son sujetos de derecho de un programa, tampoco permiten validar el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en las Reglas de Operación de cada uno de ellos, ni son indicativos de la situación socioeconómica de las familias y posibles beneficiarios, con lo que resulta imposible dirigir los apoyos de asistencia social a las personas que más los necesitan. Esto último implica que ese “censo”, que tanto presume el gobierno de la 4T, sea un sustento endeble y errado de la política social que, se supone, es la concreción de la llamada “Cuarta transformación” y de su consigna de “primero los pobres”.
El desastre administrativo en la nómina de la estructura burocrática llamada Servidores de la Nación, la ilegalidad en su integración y funcionamiento y una política social carente de diagnóstico y focalización, sujeta a ocurrencias y consignas veleidosas, es lo que queda concluir de la revisión practicada por la ASF en la auditoría que se ha reseñado. Ello deja en evidencia a una estructura de proselitismo a la que se han fijado metas muy distantes del desarrollo social o del bienestar prometido por la 4T. Ya se ha dicho anteriormente: el clientelismo electoral no resiste una auditoría.