En medio de la actual epidemia y ante la crisis económica que se anuncia, hace bien el presidente en declarar que no habrá rescate de la Iniciativa Privada. Por el contrario, afirmó que el gobierno “se centrará en los sectores más desfavorecidos”, lo que es a favor de los derechos humanos de los que menos tienen.
Por largo tiempo los trabajadores mexicanos y sus familias han sido víctimas de una clase empresarial que se fortaleció económicamente, pagando sueldos de misera y evadiendo impuestos, en complicidad con los gobiernos anteriores.
En 2018, México ocupó uno de los últimos lugares en el cobro de impuestos en relación con el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un 16 por ciento, frente a países como Argentina con el 31 por ciento de recaudación fiscal, Chile con el 21, Brasil el 32, España el 34, Francia el 46, Estados Unidos el 24 y Canadá 31 por ciento. De mantenerse esta tendencia, seguiremos siendo una sociedad con grandes desigualdades.
Por décadas, diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre la enorme concentración de la riqueza, al tiempo que se mantienen tasas elevadas de pobreza. La organización Oxfam Internacional en 2018 estimó que un total de 10 personajes concentraban 108 mil millones de dólares como producto de privilegios, corrupción y abuso del poder. Ese mismo año Oxfam propuso implantar un ingreso básico universal en beneficio de los que menos tienen.
Mucho antes, en octubre del 2013, el Banco Mundial llamó a “poner fin a la prolongada historia de desigualdad en América Latina y el Caribe, mejorando el acceso de los pobres a servicios y bienes básicos -educación y salud- entregando transferencias de ingresos a las familias marginadas”. Por su parte el Fondo Monetario Internacional, en septiembre de 2019, después de una visita de expertos a México sugirió “otorgar beneficios a la población desprotegida”.
Esto precisamente es lo que ha estado haciendo el gobierno de la 4T, después de reconocer que hay una deuda histórica con los más pobres. No se trata de una política radical de izquierda como afirman algunos voceros del pasado. Es, entiéndase bien, una recomendación de los organismos financieros internacionales y de la propia ONU. Es, sobre todo, un asunto de derechos humanos.
Si la clase empresarial, sin duda importante para la economía nacional, sigue pagando bajos salarios, evadiendo impuestos, lucrando en exceso y sobreexplotando el medio ambiente, sin duda que seguiremos siendo un país de grandes desigualdades y con millones de pobres cada vez más desesperados, dispuestos a cualquier cosa por un plato de comida.
Nadie nos puede quitar el derecho de estar o no de acuerdo con tales o cuales programas de gobierno, pero tratándose del combate a la desigualdad, del apoyo a los más pobres y garantizar el derecho universal a la salud, a la educación y al empleo digno, todos debemos cerrar filas para bien del país y de la siguiente generación.