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Inseguridad, factor que aniquila la esperanza de la ciudadanía (y electores)

México tiene un grave problema: la inseguridad registrada en el país y que no se detiene. | Fernando Díaz Naranjo

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Escrito en OPINIÓN el

Un común denominador de todas las campañas electorales que se han desarrollado en México desde hace ya varios años, sobre todo a nivel federal, ha sido la promesa constante de diversos actores políticos de abatir la inseguridad que vive nuestro país.  Desafortunadamente, esta promesa se ha quedado en letra muerta, en una ilusión, en una esperanza vendida en donde el consumidor, el electorado y ciudadanía, ve frustrado dicha esperanza con los hechos violentos que suceden día con día en nuestro entorno.

En la 91 Encuesta Nacional de Coronavirus en México realizada por la empresa Consulta Mitofsky realizada a principios del mes de noviembre, muestra que el 45.1% de las personas (de una muestra representativa), consideraron tener más miedo a la delincuencia que a contagiarse de covid-19.

En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI de septiembre de este año destaca que el 64.5% de la población de 18 años y más, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. De los datos más representativos de esta encuesta se encuentra que la percepción de inseguridad es mayor en entidades como Coatzacoalcos, Veracruz con un 89%; Cancún, Quintana Roo con un 84.7%; Ciudad Obregón, Sonora con un 92.5%; Iztapalapa en la Ciudad de México con un 78.2%, entre otras.

Entre los motivos que le generan a la población mayor inseguridad, son los sucesos que se registran en cajeros automáticos localizados en la vía pública, en el transporte público, al asistir a un banco, en las calles por las que la ciudadanía transita, en las carreteras, en los parques recreativos y varios más.

En una encuesta publicada por el diario El Financiero de agosto de este año, señalaba tres factores como las principales problemáticas del país: la inseguridad, la economía (desempleo), y la salud (covid-19).

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, estima en 21.2 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2020, lo que representa una tasa de prevalencia delictiva de 23,520 víctimas por cada cien mil habitantes. Pero el dato más revelador es que en el 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien la autoridad no inició la respectiva carpeta de investigación.

Si a estos datos le añadimos además que la población ha ido perdiendo confianza en diversas instituciones, observamos con claridad que el panorama que tiene de frente el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales, es sumamente complejo. En una medición realizada por Consulta Mitofsky denominada “Ranking de Confianza en Instituciones de 2019”, la población manifestó en una evaluación del 0 al 10, donde el 0 es la mínima anotación y el 10 la máxima, que las universidades poseen el mayor grado de confianza con 7.3 puntos, en tanto que la policía, el Senado de la República, los sindicatos, los partidos políticos y los y las legisladoras de la Cámara de Diputadas y Diputados, son las instituciones con menor confianza, pues la ciudadanía les dio calificaciones reprobatorias que correspondieron a 5.7, 5.5, 5.5, 5.4 y 5.3, respectivamente.

Estos datos obtenidos de diversa información pública reflejan que México tiene un grave problema: la inseguridad registrada en el país y que no se detiene. Y, por si fuera poco, aunque no será materia del presente análisis, a la ciudadanía le preocupan otros factores como son el rumbo de la economía, la salud pública, la corrupción, entre otros.

La gente ha dejado de creer en promesas, es necesario que se lleven acciones tangibles y no bajo un esquema de largo plazo. El país se está incendiando y es necesario que no solo el gobierno sino todos los actores políticos caminen para generar auténticas políticas públicas que pavimenten el camino para recobrar nuestra paz, nuestra armonía y nuestra perspectiva de crecimiento.

De no llevarse acciones concretas, que políticos, partidos y coaliciones no se sorprendan si la ciudadanía que conoce la fuerza de su voto decide cambiar de opción o, mejor dicho, castigarlos por lo llevar a buen puerto las demandas de la población.