La conducción de los asuntos públicos en un Estado democrático de derecho, requiere la participación de las personas para encontrar, de forma conjunta con el gobierno, soluciones consensadas a las distintas problemáticas y desafíos que se presentan. Para esto, la transparencia y el acceso a la información se erigen en aliados fundamentales, pues permiten a las personas conocer y evaluar el quehacer de las instituciones del Estado, además de que posibilitan la exigencia de rendición de cuentas.
Bajo este contexto, cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, a partir de la declaración hecha en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Posteriormente, en 2019, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó esta conmemoración.
El derecho de acceso a la información tiene su principal expresión en los requerimientos que las personas le hacen a las instancias públicas, las cuales tienen la obligación de responderles de acuerdo con plazos y procedimientos que se derivan de las disposiciones constitucionales y legales. En nuestro país ha habido avances muy importantes en este tema, con la configuración de un entramado normativo e institucional que es considerado un referente a nivel internacional.
Por supuesto que, como en cualquier acción de gobierno, existen áreas de oportunidad en el diseño normativo; en las capacidades institucionales para responder a las solicitudes; en la sensibilización de los servidores públicos para que vean a la transparencia y el acceso a la información como herramientas que legitiman su actuación; y en los desarrollos tecnológicos, ante un entorno que cambia a gran velocidad.
La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido, a través de su Comité de Derechos Humanos, que el derecho de acceso a la información en poder de las instituciones públicas constituye un elemento esencial para la libertad de expresión. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha enfatizado la complementariedad de las prerrogativas, al establecer jurisprudencialmente que la libre expresión se vincula con el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Ahora bien, en la confluencia entre las libertades de expresión y el derecho a la información, existen intersticios que requieren atención de los actores sociales. La creciente capacidad tecnológica para divulgar información, particularmente la amplia penetración de internet en la vida cotidiana de las personas ha resultado en una transformación en la forma como las personas se comunican y como obtienen datos sobre una multiplicidad de temas.
De tal manera, nos encontramos en un escenario en el que, por parte del Estado, es posible constatar avances positivos en cuanto al acceso a la información que da cuenta del funcionamiento de las instituciones, cuestión que empodera a las personas. A esta democratización de la información se suma un gran flujo de información producida y disponible en fuentes digitales, originada por particulares, gobiernos e instituciones de otros países, grupos de medios, actores políticos, empresas e individuos.
Las redes sociales se han convertido en vehículos para un extenso trasiego informativo, de tal manera que bien puede tenérseles como una novedosa plaza pública, en la que acontece, de manera natural, un ejercicio de libertad discursiva y de discusión de ideas, incluso permitiendo la organización de personas y movimientos sociales, como el icónico suceso de la “Primavera Árabe”, en la que ciudadanos de algunos países de oriente medio, utilizaron aplicaciones digitales, blogs y redes para discutir temas políticos, cuestión que desembocó en protestas cívicas contra el autoritarismo de varios regímenes de la región.
Si bien en un primer momento tal situación de abundancia informativa puede considerarse beneficiosa para el desarrollo de las sociedades, es necesario señalar que también se advierten algunos riesgos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, con una incidencia marcada en los procesos electorales, se ha advertido de intentos por confundir a los ciudadanos, con la divulgación de fake news, que se llegan a convertir en campañas de desinformación, las cuales pueden minar la base de la democracia, que es la voluntad libre e informada de las personas a la hora de decidir sobre su representación. De igual manera, es posible presenciar el uso de bots que, a través del uso de perfiles inexistentes o falsos, distorsionan hechos y datos, con la intención de incidir y secuestrar la discusión pública en redes sociales, atendiendo a intereses particulares. Esto atenta contra la recepción de información veraz y afecta negativamente la configuración de una opinión cívica informada y plural.
Las libertades informativas en sus distintas dimensiones requieren de garantías por parte del Estado, pero también de la acción de los integrantes de la sociedad, que deben preservarlas, reivindicarlas y ejercerlas. En el caso del acceso a la información, es primordial cuestionar a las distintas instancias gubernamentales para indagar sobre su funcionamiento y resultados, como parte de la legítima exigencia por la rendición de cuentas. Por otra parte, también se debe hacer una práctica de ciudadanía, analizando críticamente la información que se recibe, particularmente ante la enorme oferta de contenidos en Internet, verificando las fuentes que la originan y evitando difundir contenidos inciertos que pueden poner en riesgo el dialogo comunitario y la democracia.