La información pública es necesaria como evidencia para implementar políticas que beneficien a la juventud mexicana, como escribí en mi colaboración anterior. También lo es para identificar y eliminar los obstáculos que pudieran surgir cuando quieran ejercer su capacidad de decidir sobre su cuerpo, salud sexual y reproductiva. Debido a la falta de información, hay jóvenes mexicanos que desconocen este derecho y, por tanto, no exigen su cumplimiento al Estado. Si estuvieran informados, sabrían que pueden ejercer su sexualidad libremente sin importar su género, nivel socioeconómico, raza o preferencia sexual.
Afortunadamente, ya hay quienes llamaron la atención del INAI al respecto mediante un recurso de revisión (RRA 6502/18). Al resolverlo, el INAI instruyó a la Secretaría de Salud dar a conocer cotizaciones hechas por diversos proveedores para la adquisición de métodos anticonceptivos en 2018. Conocer cómo se administran los recursos públicos para tal efecto y cómo se cuida el abastecimiento de métodos anticonceptivos servirá para evaluar las políticas públicas de la materia. Las y los jóvenes, junto con otros sectores de población, necesitan tener acceso a información veraz y métodos anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS), embarazos no deseados, abortos en condiciones de riesgo, discapacidad materna, incluso, violencia de género. La información es necesaria también para romper las desigualdades estructurales.
Según el IMSS, 30% de los mexicanos entre 18 y 30 años han padecido alguna ETS, debido a la falta de información para prevenir contagios. Además, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos de niñas y adolescentes. Hay mujeres en edad reproductiva que no utilizan anticonceptivos debido a barreras económicas o de género. Las creencias y los estereotipos influyen en algunos casos, pues las mujeres que no conocen sus derechos se sienten presionadas por la sociedad para casarse y quedar embarazadas, o bien, son excluidas cuando no “cumplen” con esta función o ejercen su sexualidad libremente. En el contexto mexicano, un embarazo adolescente puede condenar a la descendencia a perpetuar las desventajas que afectaron a las madres y los padres, aunque casi siempre son las mujeres quienes se hacen responsables. Estos riesgos son mayores para las personas en situación de pobreza. Otro grupo vulnerable es la comunidad LGBTTTIQ. La información sobre métodos anticonceptivos puede serles útil para reducir las posibilidades de ser víctimas de discriminación debido a prejuicios sociales, por ejemplo, al padecer una ETS.
La información pública también sirve para evaluar la cobertura de este servicio de salud, como lo demuestra un informe del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. El derecho de acceso a la información permitió saber que los métodos anticonceptivos disponibles no satisfacen la demanda. Solo los reciben el 44.5% de las adolescentes, el 58% de las mujeres indígenas y el 64% de aquellas que viven en áreas rurales. La provisión recae casi por completo en el gobierno federal. Hay gobiernos estatales como Puebla y Veracruz que en 2017 no tenían anticonceptivos para dar a sus jóvenes. En otros estados cuentan con ellos, pero no alcanzan; en promedio se otorgan 0.07 anticonceptivos por adolescente en Quintana Roo y 0.23 en Yucatán. En otros casos, el acceso no es posible debido a la falta de traductores que orienten y apoyen a las personas que no hablan español, principalmente en estados como Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato y Quintana Roo.
Los jóvenes mexicanos deben contar con la información pública que les permita conocer sus derechos para ejercerlos plenamente y al hacerlo, ser dueños de su salud, su vida y su futuro, que es el futuro del país. La información pública accesible, que permite a la población conocer y ejercer sus derechos, es un instrumento para construir un país más justo y menos desigual; también permite que la sociedad exija a las autoridades que tome las acciones para que sus derechos sean una realidad. En síntesis, la información pública accesible colabora a construir un país con una población que exige y vive sus derechos.
Información pública contra el juvenicidio en México
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