El descubrimiento de los cuerpos descuartizados de dos niños mazahuas de 12 y 14 años en calles del centro de la Ciudad de México, junto con algunos otros terribles casos de los que se ha tenido conocimiento en los últimos días, han detonado de nuevo la discusión sobre la vulnerabilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes frente a las organizaciones criminales.
Aunque todavía no se conocen con precisión las circunstancias de este doble asesinato, es probable que las víctimas hayan sido reclutadas por grupos delincuenciales aprovechando su condición de pobreza que los llevaron a vivir y desarrollarse en un entorno de violencia y falta de oportunidades.
De acuerdo a datos proporcionados por la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) en su informe anual 2019, 3 millones 720 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza extrema, y aproximadamente 30 mil han sido reclutados como halcones, para trabajar en cultivos y laboratorios, empaquetar y distribuir droga, para extorsión y secuestro o como sicarios. También ha señalado que cada día desaparecen 7 menores de edad, y tan sólo de enero a septiembre de este año se han registrado mil 777 homicidios.
A este respecto, en 2011 y 2015 el Comité de Derechos del Niño de la ONU emitió recomendaciones al Estado mexicano para que reconociera el reclutamiento forzado y se revisará la estrategia de seguridad por el impacto negativo que ha generado, en tanto que el pasado 6 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a comparecer al gobierno de nuestro país para responder ante el incremento de desapariciones y reclutamiento de menores de edad con fines delictivos, pero a pesar de los compromisos asumidos lo cierto es que la respuesta ha sido muy limitada.
Un ejemplo de ello es que desde julio de 2019, la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) acordó diversas acciones como apoyar el proceso de desmovilización de la niñez que se ha integrado al crimen organizado y crear un protocolo para prevenir su reclutamiento. Sin embargo, es evidente que no se han tenido avances significativos, y a la fecha no se conoce dicho protocolo.
Tampoco es una buena señal que el presidente López Obrador no haya asistido a ninguna de las tres sesiones que ha celebrado el SIPINNA en lo que va de su administración, o que en el presupuesto de egresos para 2021 se hayan cancelado programas enfocados a la atención de las y los niños más vulnerables como el Programa de Atención a la Diversidad de Educación Indígena (PADEI), el Programa de Atención a la Población Escolar Migrante (PAEPEM, o el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
En este contexto, diversas organizaciones y especialistas, en consonancia con los señalamientos de organismos internacionales, han advertido sobre la urgencia de implementar políticas públicas y programas que, de manera integral, permitan generar mejores condiciones para la contención y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y el 6 enero de 2020 la REDIM entregó a la Presidencia de la República así como a la Secretaría de Gobernación una propuesta específica para desarrollar una estrategia nacional para prevenir y frenar la violencia armada contra menores de edad a la que denominaron #Proyecto26, pero que lamentablemente no ha sido atendida. Esta denominación responde a que en ninguno de los 25 proyectos prioritarios del gobierno del presidente López Obrador se considera a la niñez, lo que una vez más los invisibiliza, pero al parecer siguen confiando en que su estrategia basada en la militarización de la seguridad pública y en el incremento de penas es la correcta.