Ya comenzaron las campañas electorales y la guerra está declarada. La guerra entre partidos políticos y entre candidatos a ocupar uno de los 21 mil puestos de elección popular que se rifan el 6 de junio en prácticamente todo el país. La guerra entre gobierno e instituciones también.
Y apenas a unas horas de comenzar el proceso comienza a desgranarse parte del arsenal con el que cuentan unos y otros.
Quienes están en la liza saben que están expuestos a la calificación o descalificación a diestra y siniestra. Recibirán o cometerán golpes bajos. Intrigas. La revelación de joyas autodestructivas. Y todo mundo querrá saltarse las trancas si se trata de salvar el pellejo político, y todo mundo querrá imponer reglas a su modo y someter al adversario.
Muchos, bajo la mesa, buscarán hacerse de recursos extraordinarios e ilegales para financiar sus campañas ostentosas o para quedarse con parte de esos recursos, depende. Porque ya lo dijo un clásico de la nueva ola política mexicana: “Ese es el negocio”.
Para intermediar en esta batalla campal está el Instituto Nacional Electoral, un organismo autónomo que desde 2014, como INE y desde 1990 como IFE, tiene diversas atribuciones para la coordinación, vigilancia, organización y cuidado de los procesos electorales –entre otras responsabilidades.
Cuenta con la autonomía necesaria en tanto debe garantizar de forma imparcial que la aplicación de las leyes establecidas y aprobadas por las distintas fuerzas políticas del país, y que están en la Constitución mexicana, se cumplan al pie de la letra. Esto que es connatural a su existencia es, precisamente lo que hoy le cuesta una sacudida sin precedentes.
Y uno puede estar en desacuerdo con el INE en lo que respecta a las cantidades que presupuesta “para cumplir de forma apropiada con su responsabilidad” –casi siempre arriba de los 20 mil millones de pesos por año–, lo que hace que nuestra incipiente y aun no consolidada democracia sea una de las más caras del mundo.
Uno puede criticar su gigantesca estructura burocrática. Uno puede estar en desacuerdo en que sea el INE cabeza de elecciones estatales y municipales por encima de autoridades locales y su conocimiento del entorno político. Con todo esto y más en lo estructural puede uno estar en desacuerdo...
Pero con lo que uno no puede estar en desacuerdo de ninguna manera es que el INE cumpla y haga cumplir la ley a todos los partidos políticos, a los actores políticos, a los políticos en funciones y a todo aquel que tenga parque para esta batalla de máscara contra cabellera.
Todos quieren ganar. Todos quieren saborear las mieles del triunfo, del poder, de la arrogancia, del “yo soy quien soy”. Pero para que esto quede dentro de las leyes establecidas está el INE.
Y por lo mismo está ahora en medio de una sacudida que le asesta el interés presidencial y de partido –Morena– para mantener una mayoría de gobierno y legislativa en el país, con preeminencia electoral no sólo en 2021 sino, sobre todo, en 2024; con lo que se perpetuaría la Cuarta Transformación hecha gobierno y manejaría la vida política, económica y social del país con holgura y bajo sus reglas. Por eso ambas fechas le importan mucho.
Y por eso mismo se intenta talar el árbol-INE. Debilitarlo. Hacerlo caer. No sólo en vistas a este año en el que se pondrá a prueba la fortaleza o debilidad de esta 4-T. Sobre todo, porque desde ahora se construye un escenario propicio para las elecciones 2024 con un INE transformado y a modo.
Lo extraño es que los partidos políticos de oposición que ven esta andanada en contra del INE, del que también forman parte y para el que como legisladores otorgaron autonomía y construyeron leyes, ahora guarden silencio y tan sólo miran caer las hojas del árbol...
...Y no expresen la mínima preocupación por mantenerlo como único garante de lo que en lo electoral ocurrirá en el país en 2021 y en 2024. Saben que hay violaciones a la ley y no defiendan la ley, en lo que a su propio interés debería interesarles. O será porque tienen cola que les pisen.
Como muestra de cómo se cuecen habas entre partidos y aspirantes a políticos metidos a la contienda para ser elegidos –o no–, es la del señor Alfredo Adame, un personaje controvertido de la farándula nacional. Apenas el lunes 5 de abril filtraron en redes sociales un audio en el que el candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), le dice a un allegado que va a ‘chingarse 25 millones de pesos que se les otorgarán para la campaña electoral...’.
Inmediato Adame desmintió ese dicho y asegura que el audio fue editado para perjudicarlo; que es un golpe político. Lo mismo dijo el dirigente de RSP, Fernando González en defensa de su candidato. El tema es que cierto o no, este es el modo en el que ha comenzado la pelea.
Por su parte el partido Fuerza Social por México anunció el registro de Onésimo Cepeda Silva, ex obispo de Ecatepec, Estado de México, 84 años, como precandidato a diputado local por el distrito 21, con sede en ese municipio mexiquense.
El presunto candidato Cepeda no tardó mucho en decir que sí aceptaría tal candidatura porque: “¿Ustedes se preguntarán que por qué acepto yo ser candidato? Estoy harto de tanto pendejo que gobierna” fue la frase del Obispo emérito de Ecatepec.
El Episcopado de México se deslindó de todo acto político que realice el religioso, quien aún está sujeto al Derecho Canónico vigente al ser miembro de la Conferencia Episcopal Mexicana. Al final no será candidato.
Son apenas dos muestras de muchas otras de esta guerra. Y eso que apenas comienza la batalla. Y por lo mismo la participación, la regulación, la observancia, el cuidado de las leyes y la pluralidad y objetividad del INE son indispensables. Lo son sus tarjetas rojas. A pesar de la campaña en contra.