En días pasados el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP, organizó el Primer Coloquio Internacional sobre Impunidad y Justicia. Este evento tuvo como objetivo central reflexionar sobre los factores que inciden el fenómeno de la impunidad a partir de los resultados presentados en el Índice Global de Impunidad 2015.
Durante dos días de trabajo las discusiones de especialistas, profesores y alumnos se centraron en los fundamentos del Estado de derecho, los problemas para medir estadísticamente la impunidad, la relación entre impunidad y desigualdad socioeconómica y en la interrelación de problemas conexos como la violencia, la inseguridad, la corrupción o la violación a los derechos humanos.
De entre los diferentes análisis y argumentos que pudimos escuchar, quisiera compartir tres ideas que me parecen centrales para entender la complejidad de la impunidad y la magnitud de su alcance en la vida nacional.
Jorge Chabat, profesor del CIDE, señaló que el Estado de Derecho no era otra cosa sino el sistema operativo del Estado, los procesos más importantes que permiten el funcionamiento del orden político y, por lo mismo, tampoco puede la sociedad funcionar correctamente cuando está dañado o es ineficiente.
Esta analogía con la computación nos permite comprender el rol fundamental del marco institucional en nuestras vidas, no en sentido formal, sino en su funcionamiento cotidiano para regular prácticas, intercambios, interrelaciones y conflictos. El Estado de derecho no es la suma simple de leyes y mandatos, sino como el conjunto central de instituciones que hacen posible el funcionamiento de otras reglas, procesos, programas y políticas dentro de nuestra democracia.
En el mismo sentido, la metáfora nos permite identificar los límites al deporte nacional de querer solucionar problemas públicos creando nuevas leyes o reformando las existentes: no basta con acumular leyes y reglamentos, necesitamos crear un auténtico Estado democrático de derecho como fundamento de la vida pública nacional. La pregunta ahora es ¿cómo podemos desarrollar en México instituciones democráticas que sean parte de un Estado de derecho real?
Guillermo Trejo, profesor de Notre Dame, planteó una duda inquietante: ¿Es posible reformar a México desde dentro, endógenamente? O por el contrario, ¿ha llegado el momento de reconocer que los intereses políticos anidados imposibilitan reformas efectivas y, por lo mismo, requerimos soluciones exógenas tipo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIJ)? Para Trejo, México ya no es capaz de reformarse a sí mismo y necesariamente requiere de ayuda internacional para transformar a fondo sus instituciones.
Ante esta disyuntiva el auditorio se dividió entre quienes desconfían en la capacidad de Estado mexicano para aprender y cambiar, en especial luego de Ayotzinapa, Tlatlaya o la Casa Blanca, y entre quienes perciben que todavía tenemos un horizonte de posibilidad para reformarnos. Independientemente de la posición que se tome al respecto, la pregunta es central: ¿tiene nuestro país todavía la capacidad para cambiar desde adentro o perdimos irremediablemente el tren de la transición democrática?
Bajo cualquiera de estas posiciones, lo que es indudable es que la posibilidad de transformar el sistema operativo del Estado mexicano depende en gran medida de la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado y de la presión internacional, pues a lo largo de este último año ha quedado claro que tanto partidos como autoridades políticas son juez y parte de nuestra degeneración institucional y difícilmente tienen incentivos para cambiar el estado de cosas.
La tercera idea fue desarrollada por diversos participantes y se relaciona en forma más amplia con los problemas de nuestro sistema operativo: la extensión de fenómenos como la corrupción, la violencia, la inseguridad y la impunidad en México tienen también relación con la profunda desigualdad socioeconómica que lastra a nuestro país. La desigualdad entendida como caldo de cultivo para la inseguridad, la violencia o la impunidad; y la impunidad como el factor que agudiza la vulnerabilidad de quienes ya son vulnerables por su situación socioeconómica.
Parafraseando Carl. J Friedrich, el Estado democrático de derecho es tanto una configuración institucional como una forma de vida. El debate sobre nuestra crisis, sobre nuestra profunda degeneración institucional y la impunidad sin límites, pasa por discutir las posibilidades del cambio institucional y por la necesidad de construir una sociedad más justa e incluyente. No podemos seguir en el autoengaño: crear un Estado de Derecho, como fundamento real y no sólo formal de nuestra vida pública, es una quimera si no enfrentamos también las condiciones de pobreza y marginación a las que son arrojados millones de mexicanos.