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Impunidad, criminalización e injusticia

Aunque el gobierno se ha dedicado a hablar de los acuerdos de paz, los ataques y las violaciones a derechos humanos no han cesado | Diana Avilés Quezada

Por
Escrito en HIDALGO el

Llevo días esperando el poder compartir con ustedes algunos de los últimos acontecimientos, empezaré por disculparme porque no hubo columna la semana pasada, pues acudí a una Misión Civil de Observación en el estado de Chiapas, convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT) y acompañada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con el objetivo de documentar y evidenciar la situación de poblaciones víctimas de desplazamiento forzado interno , así como criminalización y amenazas dirigidas a centros de derechos humanos que acompañan a las poblaciones, específicamente el Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal de las Casas y el Digna Ochoa en Tonalá, Chiapas.

Ante varias pandemias que no ceden, entre ellas, la del covid-19 y la de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, estuve acompañando la MCO y tuve la posibilidad de escuchar y mirar de cerca algunas realidades que viven comunidades en Chiapas, realidades que no eran ajenas, pero que siempre es difícil verlas de manera cercana.

Sobre todo, porque ante las pugnas por el poder, por apoderarse de las tierras o por intereses que poco tienen de colectivos, son las infancias, las adolescencias y las mujeres quienes sufren las peores consecuencias y a quienes más desprotegidas se les deja. Porque, aunque el gobierno federal y el estatal se han dedicado a hablar de los acuerdos de paz y de las soluciones que “han impulsado”, los ataques y las violaciones a derechos humanos en varias zonas del estado, no han cesado. 

Durante la Misión, tuve la posibilidad de observar y conversar con algunas personas, todas aportaron información para tener mayor claridad de la situación, pero sin duda los testimonios que más hicieron eco en mí, fueron los de niñas, niños y adolescentes; con mucha claridad recuerdo a un adolescente que me dijo “cuando surgió el desplazamiento forzado, empecé a vivir diferente, como vivir en nuestra casa y es como aprender a ver cómo es la vida, vivir como desplazados, porque vivir en nuestra casa es vivir con libertad, vivir con los amigos… vivir como viven los jóvenes, pero cuando llegué aquí… empecé a vivir otra vida diferente… ya no podemos vivir con libertad” (sic); esto me llevó a pensar en la cantidad de personas en este país que no viven en condiciones dignas y aptas para el desarrollo, sin seguridad y sin libertad.

En fin, hay mucho que escribir sobre lo observado y sentido en esta visita (ya me daré el tiempo en otra columna), pero terminaré diciendo que como en otros casos, los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal son los responsables de las graves violaciones a derechos humanos de estas poblaciones, pues su omisión, su respaldo a los grupos paramilitares que tienen con miedo a las comunidades y su incapacidad para dar soluciones, siguen abonando a un clima de impunidad, criminalización e injusticia.

DATO

De acuerdo con la ONU (1998), los desplazados internos son “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.