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Hacia una administración pública más efectiva

México debe ser un país seguro en donde los derechos de cada uno sean plenamente respetados

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Escrito en OPINIÓN el

Si se quiere combatir la falta de resultados en materia de seguridad y justicia, los obstáculos que se deben atender son la corrupción, la improvisación de los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas y reformas normativas, y la debilidad institucional.

Debilidad institucional

¿De qué hablamos cuando nos referimos a debilidad institucional? Hablamos de que la organización del Estado es incapaz de ser efectiva y generar los beneficios para los cuales fue creado. Cuando decimos que en México las instituciones de seguridad son débiles, hablamos de cómo las policías son incapaces de prevenir o reaccionar ante la comisión de delitos, de restablecer el orden conforme a derecho o de proteger a los ciudadanos.

Cuando hablamos de que las instituciones de justicia son débiles, hablamos de la incapacidad de policías ministeriales y ministerios públicos de investigar un delito o armar una carpeta de investigación donde la evidencia permita el acceso a la justicia para los ofendidos, así como sentencias proporcionales y respetuosas de los derechos humanos de los imputados.

Cuando se voltea a ver con detenimiento a nuestras instituciones, entender su operación se vuelve un ejercicio de armado de rompecabezas complejo. Por un lado vemos a funcionarios comprometidos con México, que trabajan el doble de las horas que en cualquier otro país y, por otro lado, vemos una grave falta de resultados que nos impide vivir como sociedad en mejores condiciones en materia de seguridad y acceso a la justicia.

En prácticamente todo el mundo, los policías, peritos, ministerios públicos, personal administrativo de dichas áreas, tienen derecho a vivir como cualquier ciudadano, trabajar 8 horas, tener horas de esparcimiento, convivir con su familia y amigos. En México no. 

En nuestro país, quien trabaja en una secretaría de seguridad pública, procuraduría o fiscalía general, debe olvidarse de tener una vida propia, una familia y hasta de organizar unas vacaciones.

Pese a esto, es importante reflexionar qué significa en realidad que alguien trabaje más de lo debido y que renuncie a sus posibilidades de descanso y esparcimiento.

Si alguien tiene que trabajar más de 8 horas, quiere decir que o no tiene las competencias necesarias para hacer su trabajo, que no cuenta con los insumos básicos para hacerlo, las cargas de trabajo no están bien distribuidas, o hay alguna contingencia que provoca que –de plano– se desperdicie el tiempo de la institución.

Prioridades


Una institución debe definir claramente objetivos y acciones con base en las prioridades y en un plan realista de actividades. Por el contrario, proyectos inviables debilitan la confianza interna y externa en las instituciones, generan desperdicio de recursos y promueven la tolerancia ante el incumplimiento por parte de los actores del Estado.

De igual forma, un plan de trabajo debe incluir una adecuada distribución de cargas que permita entender qué le toca a cada uno en los procesos de trabajo. Un titular de una institución no puede pedirle a un servidor público que haga algo para lo que no le preparó adecuadamente y le dotó de los insumos requeridos.

Es válido que una institución les requiera a sus colaboradores esfuerzos extra en tiempos de contingencia y es loable que los servidores públicos respondan dando el extra necesario. Sin embargo, no es justificable ni aceptable que las instituciones vivan en situación de actividad extraordinaria. Si así vive, significa que no hay capacidad para planear y prevenir factores que puedan generar conflicto. Un cambio sustancial y necesario en la forma de trabajar de las instituciones debe orientar el trabajo con miras a prevenir y no a subsanar.

Para evitar la pérdida de tiempo se deben impulsar sistemas de evaluación con base en desempeño y en resultados, premiando la efectividad e identificando los por qué de la pérdida de tiempo de un servidor público –desconocimiento, impericia, falta de insumos, mala distribución de cargas de trabajo, mala definición de lo que se espera de él, falta de motivación o compromiso con el trabajo–. En las manos de un buen líder estará el subsanar las debilidades de un equipo y transformarlas para el buen funcionamiento institucional.

Si el argumento de justicia laboral o trabajo conforme a resultados no hace mella, la motivación que debe impulsar a que el colectivo solicite instituciones efectivas es que, mientras que a todos nos cuesta mantener oficinas operando 10, 12 y hasta 14 horas al día, las condiciones de seguridad siguen igual o empeoran.

Nos hemos acostumbrado a resultados marginales, a reconocer el esfuerzo y no la efectividad, a gastos desmedidos, a una total ausencia de rendición de cuentas y a altos índices delictivos y de impunidad.

Cambiar la evaluación del trabajo de "hora hombre" a resultados, nos debe llevar a obtener esa legítima demanda de un país seguro donde quien no cumple, debe irse después de explicar públicamente por qué no cumplió.

Llevamos una década en crisis de violencia, decenas de miles de vidas se han perdido y pese a que muchos servidores públicos han sacrificado sus vidas, condiciones de vida y familiares, la confianza en nuestras instituciones es cada vez menor.

Es hora de que como sociedad pidamos resultados al Estado en el pleno respeto de los derechos de los servidores públicos de seguridad y justiciaMéxico debe ser un país seguro en donde los derechos de cada uno sean plenamente respetados.


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