Con el rápido avance del cronómetro, llegó el medio plazo para lo que seguramente será la primera certificación migratoria para México. Sí, el 22 de julio se cumplieron 45 de los 90 días que el gobierno de Donald Trump dio de gracia al de Andrés Manuel López Obrador para reducir la cantidad de migrantes indocumentados que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.
Como es por todos conocido, en medio de una escalada de presiones por la amenaza del presidente Trump de imponer sanciones arancelarias a las importaciones mexicanas, de tensiones políticas y sociales al interior de México, así como de innumerables críticas provenientes de ONGs de todo el mundo, finalmente para evitar a toda costa un conflicto comercial con Estados Unidos, el presidente López Obrador aceptó las condiciones estadounidenses para detener a los migrantes indocumentados que buscan llegar a territorio estadounidense.
Así las cosas, para una primera certificación migratoria México sí entregó resultados a Mike Pompeo durante su visita a la Ciudad de México el pasado 21 de julio. Entre los entregables del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacan el despliegue de 21 mil elementos de la Guardia Nacional para trabajar con el Instituto Nacional de Migración para detener a diestra y siniestra a los miles de migrantes indocumentados que ingresan y recorren territorio mexicano. Del total de migrantes detenidos más de 21 mil fueron deportados a sus países de origen durante junio, mes en que empezó la cruzada contra los migrantes.
Hasta ahora, el trabajo de la Guardia Nacional y la cantidad de migrantes detenidos y deportados le valieron la primera palomita a México para demostrar su capacidad de contener el flujo migratorio, pero la valoración final vendrá el 5 de septiembre, fecha en la que Trump y compañía decidirán si los esfuerzos de nuestro país han sido suficientes. Por supuesto, la moneda aún está en el aire.
No obstante, en algo que parece una lectura detalla de los pasos que dará el gobierno mexicano, especialmente en lo que se refiere a su persistente negativa de formalizar un “acuerdo de tercer país seguro”, el pasado 15 de julio los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia anunciaron simultáneamente modificaciones a las reglas de asilo, las cuales están destinadas a limitar drásticamente las solicitudes presentadas por los migrantes no mexicanos que intentan ingresar a Estados Unidos por la frontera con México, sin solicitar primero asilo en un tercer país. A estas modificaciones a la ley de asilo en Estados Unidos, se les denomina “regla del tercer país”.
La “regla del tercer país” es en realidad un sustituto del acuerdo del “tercer país seguro”. A diferencia del acuerdo, que es un arreglo entre dos países y que implica que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este país puede negarse y remitirlo a un tercero que considere puede brindarle las mismas atenciones, en cambio, la “regla del tercer país” es una disposición arbitraria y unilateral de la administración de Donald Trump que exige a los solicitantes de asilo presentar su solicitud a otro país, independientemente de las normas y procedimientos de ese país para dar asilo a un extranjero; es decir, hace prácticamente imposible que los migrantes ubicados en la frontera sur obtengan asilo en Estados Unidos.
En pocas palabras, Trump no necesita firmar un acuerdo de “tercer país seguro” con López Obrador ni con ningún otro presidente de Centroamérica ya que la simple aplicación de la “regla del tercer país”, que entró en vigor el 16 de julio, bastará para obligar a que los migrantes permanezcan en otro país distinto a Estados Unidos. Es decir, los salvadoreños y hondureños deberán solicitar asilo a Guatemala, y los guatemaltecos, cubanos, venezolanos y de otras naciones que ya lograron llegar a México, deberán solicitar asilo a las autoridades mexicanas.
Aunque la “regla del tercer país” ya está enfrentando desafíos legales por presuntas violaciones a la Ley de Inmigración de Estados Unidos, los efectos inmediatos en su aplicación ya se están sintiendo, pues las listas de espera de asilo son más largas y más tardadas, no obstante, esto varía dependiendo el punto fronterizo. Por ejemplo, en el puente de Ciudad Miguel Alemán la lista de espera de asilo es de dos a tres semanas en promedio antes de ingresar a Estados Unidos; mientras que, en Nuevo Progreso, Reynosa y Nuevo Laredo, la espera es al menos de dos meses. A estas largas demoras se le suman la saturación de los refugios y los riesgos que corren los solicitantes de asilo debido a los problemas de inseguridad común en las ciudades fronterizas de México, por lo que prefieren permanecer hacinados en los puentes fronterizos. Pero a esta agonía que padecen los migrantes que alcanzaron a solicitar asilo antes de que la “regla del tercer país” entrara en vigor, se le suman otros cientos de personas que llegaron a la frontera después y que aún con la incertidumbre, siguen esperando, pero ahora con el dilema de decidir si buscar asilo en México.
Pero como en todo, hay pros y contra, con un acuerdo entre México y Estados Unidos existían posibilidades de concertar una estrategia coordinada en la que se incluyeran apoyo financiero, logístico y de expertos para gestionar las solicitudes de asilo y alojar a migrantes en México; en cambio, con la acción unilateral de la “regla de tercer país” prácticamente se pierden esas posibilidades, pero también constituye una causa de nuevas fricciones entre México y Estados Unidos.
En fin, por ahora México no tiene una amenaza arancelaria en los próximos 45 días, veremos a principios de septiembre si el gobierno de Donald Trump decide si estamos haciendo bien nuestra tarea.