Andrés Manuel López Obrador como presidente logró su propósito: llevar a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a Rosario Piedra Ibarra. El Senado, responsable legal de la designación, se enredó ante la férrea oposición de una parte del PAN para darle su voto a la activista, cuyo hermano Jesús sigue desaparecido desde 1974.
Ricardo Monreal Ávila, un político tradicional emanado del PRI, que luego transitó al PRD, hoy como coordinador de Morena logró reunir los votos necesarios en una polémica votación, en la que el PAN acusa fraude. Él lo niega. “Les gané a la buena”, argumentó, y ante la balconeada panista decidió revirar con dos elementos que erizan la piel.
El primero tiene que ver con un ejercicio de política. Según Monreal, tras una semana de indefinición, la noche del miércoles al jueves se reunió con 23 senadores y se durmió a las tres de la mañana. En ese grupo de legisladores hubo panistas. Difícil saber quién de los blanquiazules se dejó torcer el brazo para permitir el apretado triunfo de Monreal. Pero es dable preguntarse si sólo fue un ejercicio de política, de convencimiento, o de amenaza, chantaje o franca compra de votos. El senador zacatecano lo negará y presumirá que fue gracias a sus dotes políticas.
El segundo elemento preocupante fue el hecho de dar a conocer un chat de WhatsApp del coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, y el presidente de su partido, Marko Cortés, en donde Cortés le pide “hacerles un desmadre” por el caso Piedra Ibarra. ¿Cómo consiguió ese chat? ¿Espionaje? ¿Filtración del mismo PAN?
En ambos casos es evidente que la política se sigue haciendo como antes. Que el cambio prometido sólo es una mascarada. Se obtienen votos secretos con quién sabe qué artes y además se puede tener acceso a conversaciones también gracias a quién sabe qué artes.
En su informe presentado en agosto pasado, en torno al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que “tras su visita a México en 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que ‘la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos y de los periodistas sigue siendo alarmante’. Al 10 de julio de 2019 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) había documentado el asesinato de al menos trece personas defensoras de derechos humanos y siete periodistas en 2019, cifras que indican una tendencia creciente respecto a años anteriores”.
En 2014 el entonces presidente de la CNDH Raúl Plascencia quiso reelegirse. Un conglomerado de organizaciones civiles lo criticó, principalmente por su rol ante los lacerantes hechos en Tlatlaya, por el asesinato de civiles a manos de militares, y el caso de los normalistas de Ayotzinapa. El asunto se politizó y Luis Raúl González Pérez entró al quite.
López Obrador se ha encargado de atizar desde el púlpito de la conferencia diaria en contra de la CNDH. La acusó de cómplice. El desgaste al que sometió su gobierno a González Pérez no dañó a Luis Raúl: dañó a la institución.
Al final de cuentas, el diagnóstico de la ONU en torno a los defensores de derechos humanos es desastroso. Las víctimas siguen en el desamparo. Y los políticos siguen haciendo política como siempre. Rosario Piedra Ibarra llega lastimada, tanto por el respaldo grosero del presidente como por la forma como se operó su entronización en el Senado.
El golpe es a la CNDH y a las víctimas. Ellos qué.
Punto y aparte. En el gobierno de Claudia Sheinbaum saben de dónde vienen los golpes a su nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Punto final. ¿Ajustes en el gabinete presidencial? Tic tac tic tac...