El financiamiento de las funciones de socialización, representación y participación de los partidos políticos costará este año a México 7,159 millones de pesos que podrían canalizarse a hospitales, para atender a la infancia, a los ancianos y a otros rubros sociales.
En vez de esta farra y gandallismo de los institutos políticos cuya tajada mayor del pastel se lo llevará Morena que, al ser el partido con mayor votación en 2018, recibirá un financiamiento público de 2,195 millones de pesos, se debieron analizar las necesidades del país.
Eso no ocurrirá nunca y ahora el PAN que recibirá 1,213 mdp; el PRI 1,143 mdp., el PRD tendrá a su vez 567.4 mdp; el PT recibirá 498 mdp., el PVEM podrá hacer uso de 542.4 mdp; MC obtendrá 523 mdp., en tanto tanto, los nuevos partidos (Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México) obtendrán 158.8 millones cada uno.
Esta prerrogativa que bien puede canalizarse a atender la demanda de la población de mejoras hospitalarias, seguridad, alimentación, entre otros rubros, aumentará 36 por ciento respecto al 2020 cuando se ejercieron 5,239 millones de pesos.
Es mucho el dinero que se llevan los partidos, los cuales debieran mantenerse con aportes de sus propios militantes, sin sangrar al erario. Es decir, recursos que provienen de los impuestos de los mexicanos.
Pero como en México el deporte es hacerse los locos, el argumento de los partidos es que con esos fondos se fortalece la democracia y la gobernabilidad del país.
Los mismos partidos desde sus bancadas en el Congreso se despachan con la cuchara grande.
Ya es tiempo de que si quieren caminar, ocupar escaños, y tener presencia política en todo el país, pues que se sostengan con sus propios fondos, que realicen aportes, rifas, o que reciban donaciones, cuidando siempre que no se les infiltre el narcotráfico.
Las elecciones del 2021 sin duda constituirán uno de los grandes retos para el actual régimen que medirá el nivel de agua para ver cómo se vendrán las elecciones del 2024.
Lo que debió analizarse antes de decidir este millonario presupuesto es que las condiciones han cambiado, y hoy los partidos deben realizar sus campañas, mayoritariamente, desde las redes sociales, ya que debido a la pandemia no podrán realizar mítines.
Pero debido a que los partidos políticos son entidades de interés público será la ley la que determinará las normas y requisitos para su registro legal, y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Todos los partidos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Por tanto la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado (Artículo 41 constitucional reformado).
Pero lo que debieron hacer todos los dirigentes nacionales es renunciar a esos 7,159 millones de pesos que gastarán este año, en momentos en que el país afronta una severa crisis por causa de la pandemia.
Lo que interesa, sin embargo, a los partidos políticos es agenciarse cuotas de poder aunque el país se caiga a pedazos. Eso refleja la inmoralidad de quienes aseguran querer a México, pero que en realidad lo ven como un botín de guerra.
En las actividades específicas de los partidos podrían aprovechar sus recursos financieros implementando actividades para promover la participación del pueblo en la vida democrática, más allá de votar, de acuerdo con el informe Partidos políticos, financiamiento público y democracia, elaborado por la profesora en la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara, Silvia Elizabeth Arévalo Gutiérrez.
Eso, según la experta, permitiría la capacitación y educación política dirigida a los ciudadanos que podría aumentar el nivel cognitivo de éstos acerca del funcionamiento del sistema democrático, ampliar en el ideario colectivo el horizonte de la democracia y formar ciudadanos activos en la conformación de la agenda pública. Pero sostiene que uno de los problemas graves de la democracia mexicana son las graves deficiencias en la fiscalización del financiamiento de los partidos.
Existen en el pasado ejemplos muy conocidos como los asuntos del Pemexgate y Amigos de Fox. En el primer caso, se trató del desvío de 1,200 mdp del sindicato de Pemex en 2000 a favor de la campaña del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida. En el otro caso, Amigos de Fox era una estructura de financiamiento paralelo al PAN para la campaña de Fox, la cual recibió recursos del extranjero (ilegal constitucionalmente) como de las empresas extranjeras Dehydration Technologies Belgium que aportó 200 mil dólares, o el Bank of the West y Citibank. Los culpables en ambos casos no fueron castigados.
Lo preocupante de este gandallismo político es que después de las elecciones nadie sabrá a ciencia cierta a dónde fueron a parar esos miles de millones de pesos, mientras los mexicanos siguen muriendo en los hospitales donde hay escasez hasta de los más elementales insumos.
Así está el país.