La idea: El impulso al combate a la corrupción en el mundo lleva ya más de treinta años. Pero en México no ha habido los resultados deseados. Desde el año 2001 se han creado y modificado leyes que han resultado ineficaces e instituciones que han generado una nueva burocracia, con esquemas institucionales barrocos, los cuales, además, se han quedado incompletos. Quizás es tiempo de replantear el enfoque.
En un artículo reciente, Benjamín Hill cita el libro de Michael Johnston y Scott Fritzen, donde mencionan una “industria anticorrupción” que no ha funcionado.
Efectivamente, a partir de la década de los noventa, con el impulso de organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Internacional, surge en nuestro país una “industria anticorrupción” que no ha logrado abatir el problema de la corrupción ante su contraparte, la “industria de la corrupción”, la cual sigue prosperando con impunidad.
Más recientemente se puso de moda el combate a la corrupción ante los excesos cleptocráticos de la administración del presidente Peña. Así, aparecieron nuevas organizaciones de la sociedad civil interesadas en combatir la corrupción, a la que se le sumaron universidades y centros de investigación quienes le han dedicado tiempo y recursos a estudiar el fenómeno.
De ese impulso nació la Reforma Anticorrupción del 2016, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y su réplica en las entidades federativas, una iniciativa fértil en crear burocracia, mediante una estructura que a la fecha sigue incompleta, e infértil en dar resultados.
En suma, como dice Hill, citando a Johnston y Fritzen, se ha creado una “industria anticorrupción” que ha perdido de vista los objetivos reales de su tarea y que ha desarrollado una agenda de intereses más vinculada a su propia supervivencia” y la cual no ha hecho mella en la “industria de la corrupción”.
La industria anticorrupción está basada en su mayor parte en iniciativas e instituciones de carácter preventivo. Desde el sexenio del presidente Fox, el más creativo de todos a este respecto, se desarrollaron muchas de estas herramientas preventivas, las cuales, a lo largo de los años, no han dado frutos significativos.
Podría ser que estos esfuerzos no han dado resultados por falta de continuidad y voluntad política. Tampoco ha habido un ánimo por establecer una base empírica para determinar qué funciona y qué no, sobre la cual se hubieran podido consolidar algunas de estas herramientas.
En lugar de tener una estrategia en su mayor parte preventiva que poco o nada ha logrado, la estrategia debería encaminarse a combatir la corrupción con un enfoque correctivo y punitivo, lo cual pudiera ser un disuasor más eficaz.
La labor de combate a la corrupción en este sexenio la ha venido realizando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al descubrir innumerables casos de corrupción. La UIF ha tenido éxitos mediáticos porque su enfoque para detectar actos de corrupción es el correcto: hay que seguir la pista del dinero. Pero no han logrado encarcelar a los grandes corruptos porque la UIF no es una agencia anticorrupción.
En lugar de distraerse con mecanismos de coordinación interinstitucional que cada vez funcionan menos; con querer que la Secretaría de la Función Pública, encargada del control interno, realice funciones anticorrupción para las cuales no está diseñada; con intentar perseguir la corrupción con la Ley de General de Responsabilidades Administrativas en lugar de por la vía penal; con insistir en que la transparencia por sí misma ayudará a combatir la corrupción sin desarrollar capacidades de vigilancia en la sociedad; con medidas de austeridad que disminuyen las capacidades institucionales de actuación; y un largo etcétera, se podría combatir mejor la corrupción fortaleciendo a la Fiscalía Anticorrupción.
Esta agencia anticorrupción debería tener autonomía total, con capacidades de investigación de todo tipo, con recursos suficientes para llevar a cabo su tarea, con un enfoque que permita encontrar y castigar a los corruptos y dejando de lado el complejo esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción deberá sumar las capacidades de la UIF, el Centro Nacional de Inteligencia y la Auditoría Superior de la Federación.
Para que una agencia anticorrupción sea exitosa, requiere de una total independencia. Como estas instituciones por lo general dependen del presidente o de los partidos políticos a través del Congreso, una alternativa podría ser el tener una agencia del tipo de la CICIG, que es un organismo de la ONU que combatió con mucho éxito la corrupción en Guatemala.
Podremos seguir derramando tinta e intentando que funcionen instituciones que no aportan mucho a combatir la corrupción, pero ésta no disminuirá porque hay que cambiar el enfoque y encargar el combate a la corrupción a una agencia diseñada exprofeso.
Los enfoques preventivos deben continuar, pero habrá que ser selectivos para aplicar aquellos que realmente funcionen y no continuar alimentando una “industria anticorrupción” que se preocupa más por sobrevivir que por dar resultados.