Uno de los elementos considerados indispensables para garantizar la equidad en la contienda electoral en el desarrollo de los procesos electorales y, en particular en las campañas electorales, es la adecuada fiscalización de los recursos que utilizan tanto los partidos políticos, como quienes logran una precandidatura y, eventualmente una candidatura a un cargo de elección popular.
El actual modelo de fiscalización data de la reforma constitucional de 2014 que, entre otras consideraciones, dotó al recién creado, también con dicha reforma, Instituto Nacional Electoral (INE) de instituirse como la única autoridad responsable de la fiscalización tanto federal como local, respecto del origen y destino de los recursos que utilizan las figuras enunciadas durante los periodos de precampaña, campaña, así como durante su ejercicio ordinario.
Consecuentemente, el modelo de fiscalización ha sido instrumentado ya en varios procesos electorales, por ejemplo, los concurrentes de 2015 y 2018, lo que le ha permitido al INE hacerse de experiencia acumulada en esta ardua tarea para verificar que los recursos utilizados se apliquen de manera correcta y conforme a la normatividad establecida para ello.
En este sentido la fiscalización llevada a cabo por el INE asegura, además, que el origen de los recursos provenga de fuentes legales, que no rebasen los topes establecidos y que sean realizados a través del sistema bancario mexicano. Así, el sistema de fiscalización de INE tiene por objetivo generar equidad y certeza en las elecciones que nuestro país lleva a cabo.
Es por ello, que resulta muy importante lo determinado por el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección en días pasados, en donde resolvió diversas irregularidades detectadas en materia de fiscalización de los recursos utilizados por partidos políticos, precandidatas y precandidatos, así como aspirantes a alguna candidatura independiente tanto para las elecciones federales como locales.
El INE informó que tras la revisión de mil 647 informes presentados por los sujetos obligados a nivel federal y 5 mil 81 a nivel local que significó a revisión de los ingresos por 13 millones 411 mil 416 pesos y su compulsa con los gastos de lo que derivó la imposición de diversas sanciones a partidos políticos por un monto de 3 millones 909 mil 135 pesos derivadas de diversas irregularidades encontradas por la autoridad electoral durante la etapa de precampaña en la elección federal. A esto, hay que sumarle los 182 mil 361 pesos determinados como sanciones para los aspirantes a candidaturas independientes.
De la información pública dada a conocer por el INE, observamos que el partido político más multado fue Morena, seguido del PRD y de Movimiento Ciudadano. La cantidad de sanciones impuestas por el INE asciende a 4 millones 91 mil 496 pesos a nivel federal.
Entre las principales conductas registradas por el INE para la imposición de estas sanciones se encuentran, por ejemplo, la omisión de presentar informes, egresos no reportados a la autoridad electoral, registros de eventos no contabilizados, entre otros.
En particular y respecto a la no presentación de informes de ingresos y egresos de precampaña y de acuerdo con lo que establece la legislación electoral, el INE determinó imponer la sanción de pérdida o cancelación del registro a 21 aspirantes y en otros seis casos inició un procedimiento oficioso para investigar a fondo algún posible incumplimiento a la normatividad electoral y, en su caso, imponer la sanción correspondiente.
Para el caso de las elecciones locales, el INE aprobó sanciones por un monto de 23.7 millones de pesos por diversas irregularidades detectadas en la revisión de ingresos y gastos. De igual forma, la autoridad electoral determinó la cancelación del registro como candidatas o candidatos a más de 20 personas que no presentaron sus informes de fiscalización.
Todas estas sanciones impuestas por el INE seguramente serán recurridas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tendrá la última palabra, no obstante, de lo que llegue a resolver podemos afirmar que el modelo actual de fiscalización permite identificar los errores u omisiones de diversos actores políticos que son sancionados con las penas establecidas en la legislación electoral con lo que se logra generar equidad en la contienda electoral y, con ello, se fortalece nuestro sistema democrático.
Veremos en qué terminan estas sanciones.