Esperanza Luccioto lleva 8 años pidiendo justicia para su hija, Karla Pontigo. Karla fue salvajemente violentada y abusada sexualmente el 28 de octubre de 2012 mientras trabajaba en el bar “Play”, en San Luis Potosí. Murió al día siguiente, en el Hospital Central del Estado.
Las autoridades estatales fueron omisas; es decir, decidieron no investigar. Incluso, en el hospital, obligaron a Esperanza a donar los órganos de Karla como condición para dar vista e iniciar la investigación penal. A pesar de contar con todos los elementos para determinar el tipo penal de feminicidio, se concluyó que Karla tuvo un accidente al estrellarse con una puerta de cristal. El dueño del lugar, que la acosaba constantemente, fue acusado de homicidio culposo.
Esperanza se mantuvo firme en la exigencia de justicia para Karla y, con el apoyo de Amnistía Internacional México y de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, logró visibilizar el caso de su hija a nivel nacional.
En enero de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 55/2015, dirigida al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, por violación al derecho de acceso a la justicia, así como por actos y omisiones de servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado.
El 31 de mayo de 2017, en mi carácter de Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), determiné la atracción del caso para que la familia pudiera recibir el acompañamiento institucional de la CEAV.
Después de un tortuoso recorrido en busca de la justicia, el pasado 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la responsabilidad de la cadena de mando durante las investigaciones del caso y señaló: “Karla Pontigo no se accidentó, a Karla la asesinaron por ser mujer. Karla salió a trabajar, pero encontró la muerte. Karla no donó sus órganos, se los arrebataron. Karla merece justicia, pero se la negaron. Hoy la muerte de Karla debe investigarse como feminicidio (…)”. Sin duda, a partir de esta sentencia, hay una esperanza de justicia para Karla.
Por desgracia, hay muchas otras madres que no encuentran ni justicia, ni verdad, ni reparación frente a los feminicidios de sus hijas. En estos casos, existe un patrón que se repite tercamente: la pérdida de evidencias, la impericia total en la “investigación”, el maltrato a las familias y la estigmatización de las víctimas.
Esta misma semana, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció el incremento de feminicidios en México por una cifra de 7.7 % en el primer semestre de 2020. Ante ello, la oficina en México de Amnistía Internacional ha exigido que se haga política pública para combatir las violencias de género y se publique en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La sentencia del caso de Karla Pontigo es paradigmática y abre una puerta de solución para muchas familias, ya que ésta reitera que la violencia de género es una violación a los derechos humanos; que la verdad es una forma de reparación y un reconocimiento al sufrimiento de las víctimas; pero, sobre todo, que la verdad no es cualquier versión, sino aquella que derive de una investigación efectiva, imparcial y diligente.
Es urgente que el Estado mexicano asuma en los hechos —y no sólo en el discurso— que los feminicidios son una grave violación a los derechos humanos, principalmente por la omisión sistemática del Estado para prevenirlos, atenderlos e investigarlos. Para remediar esta situación, el primer paso es escuchar y atender las peticiones de las víctimas. Algunas de ellas llevan semanas en un plantón frente a Palacio Nacional, otras han irrumpido en las giras del presidente, pidiendo que las escuche y sea sensible a su dolor, pensando, tal vez, que pueda hacerles justicia, como, aparentemente, lo está logrando con las del caso de Ayotzinapa.
#HagamosComunidad