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Fallas en el Sistema de Información

Por: Gerardo Ballesteros de León.

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Escrito en OPINIÓN el

El punto de vista de esta opinión radica en juzgar por qué INEGI cambió la forma en la que recolecta los datos de ingresos, causando esa reducción artificial de la desigualdad, cuando es CONEVAL la instancia de evaluación técnica e independiente, que genera la “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. La potestad de CONEVAL viene del artículo 134 de la Constitución, donde se establece que los poderes definirán instancias técnicas de evaluación de las políticas, programas y recursos, para conducirse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. ¿Por qué no se le respeta su lugar?

 

El objetivo y razón de ser de CONEVAL es mejorar la eficacia y eficiencia, así como la rendición de cuentas de la política de desarrollo social, mediante la evaluación y el monitoreo de programas y políticas sociales y la medición de la pobreza. Pero resulta que quien recaba la información, o quien decide modificar los reactivos, métodos de captura y cotejo, no es CONEVAL, sino el INEGI. Esta condición anómica y anómala ha resultado en el peor de los escenarios: que INEGI no respeta la medición de la desigualdad, la pobreza o la marginación según CONEVAL; y en cambio decide su propio camino, aduciendo su carácter dominante en el manejo de información pública en el país. Y bien, ésta conducta en particular es la que despierta inquietudes.

 

En 2006 se publicaron las reformas al artículo 26 y 73 de la Constitución, en donde se establece que “el Estado Mexicano contará con un Sistema Nacional de la Información Estadística y Geográfica” y le da al INEGI la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema. En 2008 se publicó la Ley General del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

 

Este cambio al corazón del sistema político y jurídico nos lleva a dos hipótesis de pertinencia:

 

1. Es indispensable el desarrollo de una Sociedad de la Información, que coloque la medición de la realidad como páramo de racionalidad fundamental ante cualquier programa de gobierno, política pública o acto de autoridad.

 

2. Para el desarrollo de esta Sociedad de la Información, se crea un Sistema (y repito, Sistema) descentralizado, que permita la captación, generación, estandarización y seguimiento de la información.

 

Lo que está sucediendo ahora, entre el INEGI y CONEVAL, presenta evidencias de que tenemos fallas estructurales. El Sistema Nacional de Información estadística se deriva en “Subsistemas”, para dividir temática y metodológicamente la información de interés nacional. Se han hecho subsistemas para información “Demográfica y Social”, “Económica”, “Geográfica y del Medio Ambiente”, de “Gobierno, Seguridad Pública y Justicia”, regulados por un Comité Técnico, y funcionando bajo un programa de trabajo de mediano y largo plazos. Y para cada subsistema se forma un gran acuerdo, con todas las unidades de gobierno, para crear la información.

 

Asimismo, para precisar métodos, cálculos, comparativas y escalas, el Sistema Nacional de Información prevé la creación de Comités Técnicos Especializados. Y bien, en el Comité Técnico Especializado de información “Demográfica y Social”, en donde CONEVAL es miembro y, además, es la instancia responsable de la medición multidimensional de la pobreza y la creación de los indicadores. La descripción del Sistema Nacional de Información, y del papel de CONEVAL en la medición de la pobreza, no da pie a dudar sobre la arbitrariedad del INEGI.

 

Pero la parte más desalentadora de este conflicto es que sólo se trata de un hito en un sistema que no funciona. Los gobiernos estatales, los municipios, institutos de la mujer, DIF, hospitales y centros de salud, registros civiles, ministerios públicos, juzgados, secretarías de medio ambiente, jefaturas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, todas éstas que la ley denomina “Unidades” (con U mayúscula) también son responsables para captar, generar, administrar, clasificar, publicar y actualizar información de interés nacional. Pero su función es errática, o es prácticamente nula. Sugiero a los lectores que revisen los planes de desarrollo estatal y municipal. Sus fuentes de información para conocer su propia realidad, más allá de lo producido por el INEGI y CONEVAL es escasa, poco seria y carece de las más elementales garantías de calidad.

 

El problema que tenemos es a un INEGI demasiado grande, que se extralimita en sus funciones. En algunos casos su extralimitación es subsidiaria, frente a secretarías, institutos, estados y municipios que no cumplen su responsabilidad de generar información; y en otros casos, como en este conflicto frente a CONEVAL, por imposición. No obsta decir que el INEGI, es fundamental para conocer nuestra realidad geográfica, estadística, económica e institucional.

 

Esta coyuntura nos lleva a preguntar si queremos que el INEGI siga siendo un coordinador tan grande, tan subsidiario, tan imponente; o bien, queremos un Sistema Nacional de Información descentralizado, con Unidades de Estado responsables de su papel frente a la sociedad.

 

Creo que también es momento para exigirles a todas las unidades del sistema que hagan su trabajo. Ejercitemos nuestro derecho a la información sobre ellas, y solicitemos puntualmente lo que les obliga la ley captar, generar, administrar y publicar.

 

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*Gerardo Ballesteros de León es abogado, maestro en Gobierno y Administración Pública y doctor en Derechos Fundamentales. Se ha especializado académicamente en el Derecho a la Información, y se ha desarrollado técnicamente en planeación y coordinación urbana-metropolitana.

 

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