Todo servidor público debe ser consciente de que su actuar se encuentra fundamentado no sólo en el cumplimiento de las responsabilidades jurídicas que tiene asignadas conforme a la Constitución, a alguna legislación y normatividades específicas, sino que son sujetos que se encuentran bajo la lupa permanente del escrutinio público. Su función debe ser implacable tanto ética como profesionalmente.
Es aquí donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental, ya que, gracias a ellos se conoce, muchas veces, el actuar de nuestros funcionarios públicos para bien o para mal.
Bajo este contexto, la libertad de expresión juega un papel rector, ya que es el vehículo, consagrado en nuestra Carta Magna, por el cual el periodismo basa su trabajo fundamentado para exponer a la opinión pública los resultados de sus investigaciones en donde muchas veces se encuentra involucrado el ejercicio de la función pública.
Es gracias al periodismo que muchos casos no quedan impunes, que adquieren fuerza para que las autoridades investiguen, generan nuevas líneas de investigación o, de plano, dan la oportunidad de ventilar la mala conducción del ejercicio administrativo.
A esto debo señalar que, en el medio, he conocido grandes periodistas que son verdaderos investigadores y que en muchas ocasiones tardan meses o, inclusive años, en dar a conocer a la opinión pública los resultados de sus reportajes, del análisis de documentos que van solicitando públicamente en el camino o, simplemente, esperan el tiempo justo, para dar a conocer lo que han descubierto y que es de interés público pero que la coyuntura no es la adecuada o no tendría el empuje necesario para el efecto esperado.
En este sentido, el periodismo juega una función no solo informativa ante la sociedad, sino que permite exponer en una justa dimensión temas que son importantes para nuestra nación, para nuestro acontecer y a veces, para la toma de decisiones de instancias como el legislativo.
Esto ha sido entendido perfectamente por diversas instituciones públicas, en donde a través de normas o de diversos procedimientos, generan un manto protector de la actividad periodística y con ello, enaltecen la profesión.
Hace algunas semanas, el prestigiado diario El UNIVERSAL publicó una muy interesante entrevista realizada al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, en donde señalaba que ese órgano jurisdiccional aplicaba una “visión progresista y liberal,” basándose en “priorizar la presunción de licitud de la actividad periodística y editorial…”
Asimismo, refiere que en el contexto democrático “los políticos” y agregaría, los servidores públicos “deben mostrar mayor tolerancia a la crítica” y es un enorme gusto que justamente un servidor público de nuestro máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, reconozca esta postura, la avale y la defienda. Digno de admirarse sin duda.
Y es aquí donde, en los tiempos que vivimos, ante nuevas formas de hacer política y, por ende, de enfrentar nuevas realidades el periodismo y la libertad de expresión deben adquirir su justa dimensión: el respeto irrestricto al trabajo profesional aún a pesar de los resultados que generen, de las “sorpresas” que den a conocer o, como dirían algunos políticos en el ambiente, de los golpes mediáticos que proyecten.
Mucho está por escribirse y por decir, sobre todo ante una nueva realidad gubernamental en donde los medios deben jugar ese papel de equilibrio entre la acción correcta, el ejercicio desproporcionado o inválido, en señalar fenómenos o posibles desviaciones que hacen desleal la función pública, o de plano señalar actos de corrupción que van desde las “elegantes” formas descriptivas de irrupción del ejercicio público, hasta aquellas que en el mandato del poder asumen el mismo como función paternalista y de propiedad.
Otra realidad seguramente será escrita y así debe entenderlo el servicio público.