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El primer asesinato de Abarca y el Estado banal

Cuando se dice que “el Estado” fue el responsable de la desaparición de los normalistas se está en lo correcto.

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Escrito en OPINIÓN el

En el número de septiembre de la revista Nexos, se publica la investigación de los alumnos de la Maestría en Periodismo del CIDE titulada El primer asesinato de José Luis Abarca. La descarnada claridad del relato nos da claves para entender por qué sucedió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hubo un principio.

 

En la investigación de los alumnos del CIDE guiada por los profesores López Ayllón, Caballero y Puig, se lee que la Procuraduría de Guerrero contaba con pruebas directas de que Abarca asesinó personalmente a su opositor político, igualmente militante del PRD, Arturo Hernández Cardona y que en los mismos hechos también fueron asesinados Rafael Balderas y Ángel Román. El testimonio del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa fue presentado desde el 12 de marzo de 2014; seis meses después ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes.

 

Abarca debió ser desaforado y procesado, el director de la policía de Iguala debió ser destituido y procesado. La Procuraduría estatal debió solicitar el desafuero, el Congreso local debió de actuar. Ayotzinapa pudo evitarse.

 

Cuando se presenta una cadena de los “debió” en la que en cada eslabón del Estado está compuesto por seres humanos: el agente del ministerio público responsable de la investigación, el Procurador Estatal, el Gobernador, el Presidente del Congreso, el líder del partido, la dirigencia de la tribu, surge la pregunta de por qué no se hizo lo que debió hacerse.

 

¿Una omisión del ministerio público? ¿Una orden superior para no mover la averiguación? ¿Un acuerdo de las cúpulas para que el desafuero no procediese? ¿Una red de complicidades que no fue capaz de ser rota? Ni las tribus rivales del PRD ni el Procurador General desde fuera. Técnicamente, hay algo de razón en que el caso correspondía a las autoridades locales. En la realidad la competencia local fue el refugio de la impunidad.

 

Cuando se dice que “el Estado” fue el responsable de la desaparición de los normalistas se está en lo correcto porque fueron agentes públicos quienes realizaron los actos y son agentes públicos quienes no actuaron como debieron hacerlo. Sin embargo, también cuando se dice que fue el Estado se evita individualizar con nombre y apellido a quienes hicieron posible la barbarie. Culpar al Estado puede equivaler a no culpar a nadie.

 

Cuando se examina con mayor detalle la cadena de acciones u omisiones cada eslabón elude la responsabilidad ninguna la asume. Me inclino a pensar que hubo razones “políticas” para no actuar y que tales razones propiciaron las condiciones de contubernio entre las élites políticas locales y el crimen organizado.

 

El estudio de los alumnos del CIDE dice:

 

“Si Abarca era presidente municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014, no fue por falta de pruebas en su contra, sino por la omisión deliberada de las autoridades facultadas para investigarlo y consignarlo. Y la tragedia de aquella noche tal vez podría no haber sucedido”.

 

Dicho en términos sencillos, la tragedia sucedió porque los homicidas “pudieron”. Porque en su experiencia si habían matado antes sin consecuencias a pesar de tener testigos y denuncias, lo más probable es que tratándose de unos “revoltosos”, tampoco las hubiese.

 

Que el Estado no ejerza una acción penal teniendo los elementos, que los políticos no activen el desafuero, convierte a la vida de seres humanos en datos incómodos almacenados en expedientes cuyo destino es el archivo muerto. La política sin justicia banaliza la vida humana.

 

El ejercicio del poder sin responsabilidades banaliza al Estado. Un Estado insustancial.

 

@jrxopa