La iniciativa de reforma eléctrica, presentada el pasado 1 de octubre por el ejecutivo federal, mejor conocida como la “ley apagón”, ha generado una enorme preocupación e incertidumbre en el país y en el extranjero, por las implicaciones inmediatas y las consecuencias previsibles de futuro ante una decisión que no solo cambia las reglas de participación en la industria, sino que cancela los permisos de generación otorgados y todos los contratos en curso del sector privado, desaparece a los órganos reguladores, elimina la generación de energías limpias y renovables, centraliza todas las decisiones y prácticamente monopoliza la industria eléctrica, ya que el 54% será absorbido por la Comisión Federal de Electricidad, como resultado de una expropiación indirecta de las inversiones realizadas, al amparo de la ley y la Constitución, en los últimos 30 años.
La iniciativa presidencial pretende reformar la constitución para superar todos los obstáculos que se han presentado en los tribunales ante distintas modificaciones centralizadoras aprobadas en la pasada legislatura. De un solo golpe, el gobierno federal pretende hacerse del control total de la generación de energía, incluido el litio, conocido como el “oro blanco”, luego de que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, advirtió al presidente López Obrador de las implicaciones de los participantes de esta industria en el país andino, en el intento de golpe de estado.
La objeción a la reforma es muy amplia y los argumentos son contundentes, al grado que diversos gabinetes de expertos internacionales, representantes gubernamentales, empresarios y todas las fuerzas de oposición, con excepción del PRI, han manifestado coincidencias sobre las afectaciones y su rechazo inmediato.
Entre las implicaciones económicas, jurídicas y sociales de la centralización eléctrica está la pérdida de inversiones, el impacto negativo de las calificadoras de deuda, el encarecimiento de precios al consumidor, las presiones inflacionarias, el desabasto y el alud de litigios que esto supone ante la cancelación de contratos privados, con el consiguiente desprestigio internacional, ya que en ningún lado se aclara cómo se reemplazará el 30% de energía que abastece la iniciativa privada.
No menor es la afectación al medio ambiente, ya que la reforma va en sentido contrario a las políticas y acuerdos internacionales que ha firmado el país sobre el cambio climático. La reforma promoverá la generación de energía sucia, cara e ineficiente, a base del combustóleo residual de la refinación, contraviniendo la Ley de Transición Energética del 2015, que estableció la meta de generación de energías limpias a un mínimo de 35% al 2024, toda vez que en la propuesta gubernamental se eliminan los mecanismos para la generación de energías limpias a partir de fuentes renovables.
Ante tales aberraciones, existe la posibilidad de que la iniciativa sea rechazada en el Congreso, sin embargo, el riesgo de que sea aprobada ha aumentado ante la posición ambivalente e indefinida del Partido Revolucionario Institucional. El PRI ha anunciado un periodo de análisis y reflexión de la propuesta, posición que ha generado tensiones entre los miembros de la coalición legislativa de la Alianza Va por México, que integran junto con el PAN y el PRD; y el rechazo de otras fuerzas de oposición como Movimiento Ciudadano.
Es tan relevante el voto de la reforma eléctrica que se ha convertido en la prueba del ácido de la alianza política de la oposición. Al día de hoy, no son pocos los que piensan que el PRI será un colaborador de la propuesta presidencial, si esto llega a ocurrir, es unánime la valoración de los que afirman que el voto a favor del PRI, será el fin de la alianza legislativa y la cancelación de la alianza electoral para las elecciones del 2024.
Como puede advertirse, las próximas semanas serán determinantes para el futuro del país, no solo para el crecimiento y desarrollo económico, también para el desenlace político de las elecciones presidenciales del 2024 y la permanencia del grupo en el poder, ya que la reforma no está pensada para mejorar la eficiencia del mercado energético, abaratar la energía y controlar el precio de la luz como se ha hecho creer en las declaraciones mañaneras, sino para asegurar el control político del régimen, utilizando como palanca un producto esencial y de primera necesidad para la vida cotidiana y las comunicaciones.
Lograr el control político con el poder que da el control de la energía, eliminando obstáculos y contrapesos y asegurar la continuidad del proyecto gubernamental a un elevado costo humano, político y social, es el nombre del juego atrás de la reforma.