Entre las nuevas atribuciones del INE, producto de la Reforma Electoral del año 2014, se encuentra la definición de la geografía electoral federal y local.
Los distritos electorales son las unidades en que se divide el territorio nacional a partir de criterios poblacionales, y a los que les corresponde una representación política. Por ejemplo, a nivel federal existen 300 distritos electorales nominales, y para cada uno de ellos se elige un diputado que representa a los ciudadanos de esa circunscripción. En el ámbito local sucede exactamente igual, y todo representante popular está vinculado con un sector territorial, salvo aquellos electos por representación proporcional.
La distritación electoral conjuga la dinámica geográfica, los factores poblacionales, las restricciones legales de las normas electorales, y la necesidad de proteger la integridad territorial de las comunidades indígenas.
Sobre este último aspecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó mediante jurisprudencia, que todas las autoridades administrativas electorales tienen el deber de consultar a las comunidades indígenas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente.
Derivado del criterio del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE aprobó un Protocolo para la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de Distritación Electoral, a fin de conocer la opinión de los grupos indígenas sobre la forma en que se agruparían al interior de los distritos electorales.
En esas consultas, diversos grupos étnicos de los estados de Yucatán, Michoacán y Guanajuato solicitaron al INE, la creación de distritos electorales indígenas, que solamente contemplaran población originaria.
En la lógica de esos grupos étnicos, el contar con representantes indígenas les garantiza la atención a sus demandas, y una verdadera representación política.
Recientemente en la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral, se discutió un proyecto de una persona en el estado de Tlaxcala que se identifica como indígena, y que impugna la negativa de registro como candidato a diputado local, y la omisión legislativa del Congreso del estado, al no contemplarse en la ley un sistema que permita el acceso de los indígenas a la representación política.
El proyecto original sostenido por el magistrado Romero Bolaños no fue aprobado. Sin embargo, en ese documento se sostenía que existía una omisión legislativa por parte del Congreso de Tlaxcala, y se le invitaba al órgano legislativo a crear un sistema integral, que además del sistema de partidos y candidaturas independientes, garantizara a integrantes de comunidades indígenas el acceso a la representación política.
El tema de la representación indígena está muy presente en la arena electoral, y seguramente se seguirá discutiendo constantemente en los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral.
Sin embargo, cabría preguntarse si el hecho de que las comunidades y pueblos indígenas cuenten con uno o varios distritos electorales “indígenas” o representantes que se autoadscriban como indígenas garantiza su auténtica representación. Por otra parte, ¿qué pasa con las personas que viven en esos distritos y que no se identifican como indígenas?, ¿podrán votar y ser votados?
Desde hace varios años son ampliamente conocidos los conflictos que se han generado en el seno de los denominados “pueblos originarios”, en donde los pobladores niegan el derecho de voto a las personas que viven en el distrito, pero que no pertenecen a esa comunidad. Asimismo, en esas localidades se han generado diversos conflictos respecto de quiénes deben considerarse como “originarios” de la comunidad, y en consecuencia tener derecho a ser votados. Es decir, si solamente son originarios las personas cuyos padres pertenecen a esa comunidad, o los que han vivido toda su vida en ese lugar o los que tienen el sentido de pertenencia con la comunidad.
En fin, la cuestión indígena toca temas complejos cuyas respuestas no son únicas ni incontrovertibles, pero requieren ser resueltas en el ámbito político-electoral.
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