Aunque no se esperaba que la apresurada COP25 realizada en Madrid produjera soluciones contundentes para reducir el calentamiento global que amenaza nuestra existencia, los resultados obtenidos dejaron, por un lado, una gran desilusión debido a los desacuerdos originados por un pequeño pero poderoso grupo de países y, por el otro, una tenue esperanza al constatar que diversos actores, entre ellos México, están comprometidos en la lucha contra el cambio climático aún cuando no es suficiente lo hecho hasta ahora.
Como era de esperarse, los desacuerdos en la lucha contra el cambio climático fueron causados por países como Brasil, Estados Unidos, Arabia Saudita, China, Australia y Rusia, cuyos gobiernos no consideran a las transformaciones ambientales su prioridad, pero sí al dinero, a las industrias contaminantes y a la producción de energía basada en combustibles fósiles. Por ejemplo, los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil y Donald Trump de Estados Unidos, feroces críticos de las negociaciones internacionales sobre el clima, continúan jugando un papel particularmente destructivo. El gobierno de Bolsonaro insistió en aplicar una ridícula doble contabilización de los esfuerzos contra el cambio climático al exigir que los países desarrollados debían financiar los sumideros de carbono del Amazonas, pero abonar dicho esfuerzo a la causa brasileña para reducir sus propias emisiones de carbono. En tanto, el gobierno de Trump, aunque ya inició el proceso para retirar oficialmente a Estados Unidos del Acuerdo de París, trató de obstruir las negociaciones siempre que le fue posible, especialmente en las relacionadas con el derecho que tienen los países menos desarrollados de recibir ayuda financiera para amortiguar los efectos negativos del cambio climático en sus economías. Por su parte, pese a una conversión que Arabia Saudita está implementando en su economía, la delegación saudí sólo parecía preocupada por proteger su industria petrolera.
En resumen, las conversaciones gubernamentales de la COP25 en Madrid no pudieron definir cómo la cooperación internacional puede contribuir con la reducción de las emisiones de carbono que afectan al planeta. En contraste, una creciente minoría conformada por Estados nacionales, regiones, municipios, empresas, centros de investigación y sociedad civil, que conjuntamente representan un activo económico de 3 billones de dólares, han manifestado su compromiso en la lucha contra el calentamiento global, México uno de ellos.
Reconocimientos para México en la lucha contra el cambio climático hay, pero las críticas son mayores. Entre los primeros se encuentra la creciente preocupación, y ocupación, de la población mexicana por las cuestiones ambientales, los patrones de consumo, el uso de energías más limpias, etc., pero esto resulta frágil ante la ausencia de una batuta gubernamental contundente.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, México se autoimpuso la meta de aumentar el uso de energía limpia a 35% ciento para 2024 en la producción de electricidad y reducir un 50% las emisiones de efecto invernadero para 2050, objetivo en el que paulatinamente se ha ido avanzando. No obstante, pese a que los costos de la tecnología para producir energía de fuentes renovables han bajado y que el gobierno mexicano poco a poco ha definido una política pública para su aprovechamiento, el consumo de energías como la eólica y solar apenas comienza a reflejarse en el conjunto de energías limpias utilizadas para producir electricidad en México, mientras que la hidroelectricidad y la geotermia, las dos fuentes renovables con mayor capacidad e historia en el país, en lugar de aumentar han reducido su aportación a la matriz eléctrica mexicana.
Si bien en el marco de la COP25, México ratificó sus compromisos multilaterales, incluso el propio canciller Marcelo Ebrard manifestó que el gobierno ampliará sus metas para luchar contra el cambio climático, las cuales conoceremos hasta marzo de 2020, las acciones distan del discurso. Para alcanzar las metas actuales y futuras de México se requiere, además de voluntad política, dinero.
En este sentido, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la administración de Andrés Manuel López Obrador destinó 29 mil 590 millones de pesos a la transición energética en México, 8% menos que el presupuesto asignado en 2019. Del dinero público que México invertirá el próximo año para combatir el calentamiento global, 28 mil 849 millones de pesos serán para que la Comisión Federal de Electricidad aumente la red nacional de transmisión eléctrica que, si bien necesaria, no responde a los objetivos fundamentales de una transición energética como se entiende en el mundo y en México, es decir, invertir en salud, innovación e investigación tecnológica para producir energía; educación, profesionalización y evaluaciones de riesgos, entre otras, para contar con mecanismos que amortigüen los inevitables impactos de las trasformaciones climáticas en la sociedad y económica mexicanas.
Cabe decir que en la reducción general del presupuesto para la lucha contra el cambio climático las dependencias más desfavorecidas fueron Salud con una disminución del 81% del presupuesto y Energía con el 83% (contando el ajuste del presupuesto que se hizo al fondo de diversificación energética realizado en marzo de 2019). Incluso la joya de la corona, Pemex, cuyo presupuesto se mantuvo casi igual, pero fue dividido entre las actividades para la transformación industrial y las de exploración y producción.
En fin, la desilusión en la falta de consensos obtenidos durante la COP25 en Madrid se extiende a México y a su población comprometida con la causa climática, la cual estará atenta para ver cómo el actual titular de la CFE, Manuel Barttlet, administra el 97% de los recursos para la lucha contra el cambio climático durante el 2020.
