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¿Desaparecidos, incinerados o cautivos?

Por: José Antonio Sosa Plata.

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Escrito en OPINIÓN el

El informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) puso en entredicho la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa. Las conclusiones del documento exponen diversas fallas en el proceso de investigación y han colocado al Gobierno de la República ante nuevos desafíos políticos y de comunicación.

 

El escenario se vuelve a complicar.

 

Como era de esperarse, la noticia se sumó a los diversos acontecimientos adversos que han impedido que la estrategia de comunicación del #TecerInforme rinda los efectos positivos que esperaba la Presidencia.

 

La reacción oficial no deja lugar a dudas.

 

Recibir y aceptar las recomendaciones de la Comisión, junto con el "deseo" del Presidente de reunirse nuevamente con los padres de los 43 estudiantes normalistas, demuestran que no quieren que las cosas se salgan de control.

 

Es lo peor que podría pasar a mitad del sexenio.

 

Las reacciones nacionales e internacionales apuntan no solo al esclarecimiento de la verdad, sino al hecho de haber puesto al descubierto problemas delicados en los procesos de investigación e impartición de justicia.

 

Corrupción e ineficiencia son el eje de los cuestionamientos.

 

Los señalamientos del Informe de la Comisión, las críticas de legisladores, dirigentes de partidos, organizaciones sociales, y las opiniones de varios analistas, columnistas y articulistas marcan una tendencia que a estas alturas ya debió encender los focos amarillos en diversas instituciones.

 

Las #RedesSociales retomaron el caso con fuerza.

 

Ante la nueva presión que se ejerce, el mejor camino deberá estar sustentado con respuestas concretas, creíbles y contundentes. Todo lo que se ha hecho y dicho, más las 110 aprehensiones de los probables participantes o responsables de las desapariciones no han sido suficientes para contener el problema.

 

Por eso, se debe buscar otra ruta de solución.

 

¿Qué acciones se necesitan para que la verdad salga a flote? ¿Hasta dónde más caerá la confianza en el Presidente y su gobierno si surgen nuevos hallazgos que contradigan la "verdad histórica" presentada por el ex procurador Jesús Murillo Karam?

 

¿Qué pasará si dicha verdad se confirma?

 

¿Cuánto tiempo más se puede resistir sin dar los resultados esperados? ¿Cómo evitar que el caso se siga politizando y que la política siga contaminando las investigaciones judiciales? ¿Es posible que la justicia termine imponiéndose en forma objetiva e imparcial?

 

El reto parece casi imposible.

 

Es probable que de poco sirva la Comisión especial que se quiere crear en la Cámara de Diputados. No se vislumbran hasta ahora hechos o conclusiones muy diferentes a los que hasta ahora se han presentado.

 

Ha pasado demasiado tiempo.

 

Los escenarios donde estaban las evidencias han sido investigados y en algunos casos alterados. ¿Qué otras pesquisas podrían aportar nuevos datos para llegar a la verdad? Tampoco se logrará mucho si no se garantiza la justicia para los padres y familiares de los 43 jóvenes.

 

¿Habrá algo que pueda mitigar su dolor?

 

Está demostrado que las palabras y declaraciones han sido insuficientes. Por lo tanto, de poco servirá que la PGR haya dicho ayer que el estatus jurídico de los 43 vuelve a ser de “cautivos”.

 

¿Dónde quedó entonces la verdad oficial?

 

La comunicación gubernamental desempeñará, sin duda, un rol fundamental en la nueva etapa que se abrió con el documento de la CIDH. La realidad política no puede obligar a las autoridades a ir de versión en versión hasta encontrar la que mejor funcione.

 

Se necesita una nueva estrategia.

 

Está claro que la Presidencia ya dio los primeros pasos. Lo que no se puede predecir con exactitud es si cumplirá sus objetivos con los métodos, instrumentos, narrativas y medios que hasta ahora ha utilizado.

 

Llegó el momento de cambiar el modelo y las tácticas.

 

 

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