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Derechos humanos y presupuesto

Sin los recursos suficientes para su salvaguarda y atención, los derechos humanos pasan a ser un mero catálogo de buenas intenciones. | Javier Tapia*

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Escrito en OPINIÓN el

A propósito del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, enviado al Congreso General por el presidente de la República, hay varios temas y sectores en que los montos proyectados serán objeto de intensos debates.

El tema de los Derechos Humanos, no quedará exento de discusión, como cada año, surgen preguntas tan elementales como fundamentales en el debate especialmente económico. 

México cuenta con un sistema de protección de derechos humanos, no jurisdiccional, integrado por los 32 organismos especializados de carácter estatal y uno federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El trabajo de estos organismos ampliamente conocido, no requiere de mayor explicación, no obstante, digamos que su tarea vertebral trata la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, actualmente nos encontramos en el momento en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realiza una revisión y análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, presentado por el titular del Poder Ejecutivo como lo marca la Constitución General de la República y, en el que el tema del costo beneficio de la función pública de estos organismos protectores de derechos humanos, sería sometido a un riguroso examen de funcionalidad, operatividad y resultados.

La eficacia funcional y operativa, se refleja en los resultados obtenidos en un periodo anual de actividades de los organismos de derechos humanos. En el caso de los estatales, de sí, con múltiples dificultades presupuestales, en comparación con los realizados por la CNDH, pero que, de igual forma, esas dificultades en el ámbito Federal, representa un reto permanente y en constante crecimiento ante las limitaciones estructurales y financieras de los organismos locales, puesto que la CNDH en el desempeño de su labor juega un tipo de suplencia.

Con justicia diríamos que históricamente la CNDH ha afrontado -al amparo de la Ley- gran parte de los asuntos que tienen que ver con presuntas violaciones a derechos humanos y que son originariamente competencia de los organismos estatales. De ahí la necesaria revisión de la cuenta pública de los organismos locales, su evaluación exhaustiva del desempeño y eficacia operativa.  

Como siempre, como cada fin de ejercicio fiscal, lo que llama la atención es el tema de pesos y centavos, el tema presupuestario donde siempre parecen insuficientes los recursos económicos para atender la grave crisis de inseguridad, impunidad, desigualdad y violencia que aquejan a la sociedad, y que dan como resultado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Diríamos entonces, que los derechos humanos son la piedra angular para el desarrollo de la sociedad que, en el contexto universal de los Derechos Humanos, su respeto es indispensable para el desarrollo sostenible.

De tal suerte que, sin los recursos suficientes para su salvaguarda y atención, los derechos humanos pasan a ser un mero catálogo de buenas intenciones en torno al ideal de vida de las personas en su ámbito individual y colectivo.

La protección y defensa de los derechos humanos es un tema sensible y prioritario en las actividades del Estado, sin embargo, la asignación de recursos públicos es un tipo de inversión al sostenimiento de la democracia y el estado de derecho, su reducción sin un análisis reflexivo y conscientes de su importancia puede generar efectos altamente nocivos para el respeto de los Derechos Humanos, no solo para las y los más de 120 millones de mexicanas y mexicanos, sino para toda aquella persona que transita o se encuentra en territorio mexicano.

La siguiente gráfica muestra las tendencias en la inversión del gasto para la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos en el ámbito federal, a través de la CNDH. Su lectura debe hacerse alejada del señalamiento de que se trata de uno de los organismos protectores de derechos humanos más caros del mundo, entre otras razones, debido a que la posición geográfica de México lo coloca como el  principal país de tránsito o corredor migratorio relacionado con países de América del Norte y el segundo en el mundo, con mayor número de migrantes, con cerca de 12 millones de personas, esto de acuerdo con el “Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020”, presentado por la Organización Internacional para las Migraciones, en Ginebra, Suiza.  



**Cifras en millones de pesos.

En este sentido, la CNDH seguramente no es ajena a medidas de racionalidad en el gasto público, sin embargo, en la asignación de los recursos la eficacia y calidad de sus funciones debe ser el factor clave, pues en primera instancia tiene que ver con la atención de víctimas y grupos de personas en especial situación de vulnerabilidad como: migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, indígenas, adultos mayores, entre otros. Más que aspirar a la reducción del presupuesto en la materia, el Congreso mexicano está obligado a realizar un análisis serio y responsable de las capacidades operativas de este y otros organismos protectores de derechos humanos. 

* Mtro. Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

**Consultable en: https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020