El Internet, las plataformas tecnológicas y las redes sociales se han constituido como herramientas fundamentales para la generación y difusión de información, lo cual ha ayudado a promover grandes cambios en la vida de las diferentes sociedades del mundo. Lo anterior no es un hecho menor, pues el desarrollo tecnológico ha implicado un nuevo tipo de relación entre las personas, así como también entre ciudadanía y gobierno.
A través de estas herramientas se han generado oportunidades de comunicación efectiva, pero al mismo tiempo por su dinámica, se han convertido en una vía para que particulares y autoridades puedan documentar, exhibir e incluso fincar responsabilidades en el espacio público ante las infracciones que se cometen por diferentes personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.
La posibilidad de someter al escarnio público la reputación y el honor de estas personas en el caso del actuar de las autoridades, necesita de una actualización de sus facultades y de lo que queremos que pase o no en el espacio público. Lo anterior en pleno cumplimiento de los derechos que se encuentran consagrados en el artículo 16º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y a nivel local en la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia imagen, así como de Justicia Cívica.
Un claro ejemplo de esta problemática ha sido la utilización de la aplicación Periscope, por medio de la cual se han difundido videos de personas grabadas en vivo, cometiendo faltas administrativas en el espacio público.
La utilización de esta red social es algo nuevo dentro de la vida pública en México, por lo que ha cobrado relevancia y éxito en audiencia; sin embargo, al mismo tiempo representa, ante la falta de una legislación clara al respecto, un acto sin fundamento claro y actualizado para ser llevado a cabo por una autoridad.
La vergüenza pública, en este caso producida a través de la exposición en una red social, no existe como modalidad de sanción, y en un sistema legal como lo establece nuestra Constitución, las autoridades sólo pueden hacer lo que está permitido, a diferencia de los particulares, quienes pueden realizar todo lo que no esté prohibido. Las y los funcionarios públicos sólo pueden actuar con base en los derechos y obligaciones establecidos por ley, pues es la única forma de evitar la discrecionalidad y el abuso de autoridad.
En este contexto, es imperativo analizar y adecuar la legislación con el objeto de llenar vacíos legales, eliminar imprecisiones y dar certeza a las personas sobre lo que puede esperar de lado de las autoridades en el espacio público a través del uso de nuevas tecnologías.
El debate público y la adecuación del marco legal, de ninguna manera deben tener como objetivo legislar sobre el uso de redes sociales y por ende limitar su uso, pues ello sería contrario al derecho de libertad de expresión y acotaría los espacios de denuncia pública que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha defendido a través de Recomendaciones a favor de la documentación ciudadana como medida de control ante actos de corrupción o abusos de la autoridad; por el contrario, debemos enfocarnos en fortalecer el actuar público en un marco de certeza legal y de respeto a los derechos humanos de todas las personas que habitamos esta Ciudad.
Recientemente la CDHDF, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF) a convocatoria con la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, acordamos crear un grupo de trabajo que generará la revisión normativa, lineamientos y protocolos en la materia. Lo anterior previa reunión con delegadas y delegados para conocer los objetivos y necesidades de uso de estas tecnologías para su función.
Llegamos tarde a debates necesarios. La razón no siempre es popular ni fácil de difundir, pero justo es la base de la función de la CDHDF: velar porque la autoridad en su actuar no tenga margen de discrecionalidad, aún por las mejores causas, y al mismo tiempo alertar y propiciar el diálogo que permita atender esta situación en beneficio de las personas de nuestra ciudad a quienes nos debemos.