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Demolición social

Diversos aspectos de la vida económica, política y social evidencian la crisis por la que atravesamos. | Marco Adame

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Escrito en OPINIÓN el

Al cumplirse los primeros tres años de gobierno del presidente López Obrador, es necesario hacer un balance de la administración, considerando que, al cruzar el ecuador del sexenio, se avisora lo que será el legado y la respuesta a la confianza otorgada al gobernante a través del voto de los ciudadanos.

En un sistema democrático, la rendición de cuentas es una obligación de las autoridades. Como atributo, rendir y exigir cuentas son cualidades propias del ejercicio ético y democrático del poder, independientemente de los resultados; como exigencia de ley, es una de las más altas responsabilidades del gobernante para con los ciudadanos, quienes, al otorgar el mandato y la confianza, también esperan los resultados propios del encargo y el cumplimiento de las promesas.

En ese sentido, poco importan los eventos masivos que se convocan para enaltecer al gobernante, así como las formalidades de un sistema de rendición de cuentas totalmente rebasado en el país; lo sustantivo son los resultados objetivos, el valor agregado a la calidad de vida de la población y la pertinencia y legalidad de las decisiones tomadas durante el encargo para impulsar el desarrollo y enfrentar las adversidades propias de la agenda pública.

A juzgar por los informes económicos y sociales de las instituciones autónomas encargadas de la evolución del desarrollo como el INEGI y el CONEVAL, las cosas no van bien en el país, independientemente de que el ejecutivo federal tenga otros datos y que quiera hacer valer sus interpretaciones personales; o que la propaganda oficial se esfuerce por desviar la atención y se mantenga concentrada en acrecentar la popularidad presidencial como máximo indicador de logro gubernamental.

Diversos aspectos de la vida económica, política y social evidencian la crisis por la que atravesamos. Los efectos más dolorosos se reflejan en la vida social, lastimada por la violencia criminal y sus daños colaterales, las dificultades de acceso a los servicios de salud y el desabasto de medicamentos que incrementan el dolor evitable, y el deterioro de la educación pública por la incapacidad de las autoridades para garantizar el aprendizaje y la operación del servicio educativo. La crisis económica se recarga en los más desprotegidos ante la falta de empleo y de crecimiento, golpea a las clases medias expulsando a más de seis millones a la pobreza en los últimos tres años, y afecta a todos ante una inflación no vista en los últimos veinte años.

En lo político, las decisiones que afectan a instituciones fundamentales de nuestro sistema democrático, especialmente las que gozan de autonomía constitucional, generan una enorme inquietud sobre el rumbo del país, cada vez más centralista y autoritario. De manera especial, preocupa la militarización de la vida nacional, sobre todo después del equívoco discurso del general secretario, al observar que, sin menoscabo del reconocimiento a nuestro Ejército, cada día se le asignan infinidad de funciones que deberían estar en manos civiles con el pretexto de la eficacia y la honestidad, con lo que se desvirtúa y se corrompe la misión institucional de las fuerzas armadas.

Para completar el cuadro de incertidumbre que acompaña a esta primera parte del sexenio, se han prendido todas las alertas ante el decreto que considera las obras de infraestructura del gobierno federal como asunto de seguridad nacional, impidiendo de facto el acceso a la información pública gubernamental y la rendición de cuentas.

En términos prácticos asistimos a una demolición social, lo que no debería asombrarnos toda vez que ese propósito es muy claro en el discurso, la comunicación y las publicaciones gubernamentales. El significado de la palabra demoler incluye tres verbos según el diccionario de la Real Academia Española: deshacer, derribar y arruinar. El presidente ha concentrado toda la fuerza de su gobierno en deshacer y derribar al viejo régimen, propósito por demás necesario ante la degradación y limitaciones del sistema político mexicano, ahogado en corrupción y todo tipo de excesos; lo que no está claro, es el régimen por el que lo quiere sustituir para no arruinar al país.

De cara a la segunda mitad de la administración y en medio de un clima de sucesión adelantada, es exigible la rectificación de rumbo y el cumplimiento de las mínimas responsabilidades constitucionales por parte del gobierno, garantizar el respeto al estado de derecho y el imperio de la ley sobre el voluntarismo gubernamental y hacer valer el respeto a los principios democráticos en el ejercicio del poder, alejándose de la tentación del autoritarismo para garantizar la paz social.