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Democracia y pluralidad

Se ha fortalecido la pluralidad política obligando al grupo mayoritario a abrirse al diálogo y a buscar consensos. | Marco Adame

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Escrito en OPINIÓN el

El resultado de las elecciones del 6 de junio podría calificarse como salomónico, donde ninguna de las fuerzas políticas importantes del país puede cantar una victoria absoluta ni una derrota contundente. 

En lo que respecta al partido dominante, Morena se convirtió en el partido con más gobiernos estatales lo que lo fortalece en cuanto a dominio territorial de cara a las elecciones presidenciales del 2024. A su vez, continuará siendo el partido con mayor número de diputados federales alcanzando entre 190 y 203 diputados.  

No obstante, perderá al menos 50 diputados con lo que dejará de tener la mayoría absoluta y dependerá de sus aliados para sacar adelante las reformas legales, así como para aprobar el presupuesto. 

Por otra parte, como coalición, “Juntos Hacemos Historia” tuvo retrocesos importantes. Comparando los resultados de esta elección con los del 2018, en esta ocasión alcanzó sólo el 26% de la votación para la Cámara de Diputados cuando anteriormente había obtenido el 43%. Además de que la votación que recibió decreció en más de 4 millones de votos. 

Por su parte la coalición “Va por México”, tuvo también avances. Uno de los más considerables fue su triunfo en 9 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México; la cual es el centro político del país y era el bastión más importante de MORENA. De igual forma podría alcanzar la mayoría en la Asamblea Legislativa y triunfó en varios municipios relevantes del Estado de México, entre ellos el conocido como el “corredor azul”.

La oposición avanzó en la Cámara de Diputados con un resultado que les podría dar 201 diputados aproximadamente; con lo que quitarían al bloque oficial la mayoría calificada imposibilitándolo para hacer reformas constitucionales a capricho.

En este sentido Morena y sus aliados preparaban ya varias iniciativas con el objetivo de desaparecer los organismos autónomos y hacerse del control del Poder Judicial; a fin de avanzar en la concentración del poder por parte del presidente y eliminar los controles democráticos.

Pero tras perder la mayoría calificada el bloque oficialista, quedan protegidos el Instituto Nacional de Transparencia sustentado en el artículo 6º constitucional; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social cuyo fundamento es el artículo 26º de la Constitución; así como la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ambos sustentados en el artículo 28º constitucional.

De igual forma se salvaguarda el Instituto Nacional Electoral que había sufrido una campaña en su contra promovida desde presidencia y existían amenazas de desaparecerlo, así como de destituir a sus consejeros. 

Y tampoco podrán promover reformas constitucionales para hacerse del control del Poder Judicial; el cual también estaba bajo acecho no sólo por la inconstitucional reforma para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura, sino que también existían iniciativas de legisladores oficialistas cuyo fin era garantizar al presidente el control de esta institución. 

Con el actual gobierno han abundado las acciones que buscan regresar al antiguo régimen antidemocrático donde, tal y como lo describe José Woldenberg su libro “Historia mínima de la transición democrática de México”, dominaba un sistema de partido hegemónico; sin diversidad política; con una presidencia omnipotente; con un congreso subordinado a la voluntad presidencial; centralizado y con una Suprema Corte de Justicia con escasa relevancia. 

Pero contrario a ello, los ciudadanos con su voto el pasado 6 de junio, han ordenado que se restauren y protejan los equilibrios y contrapesos de poder. Han fortalecido la pluralidad política obligando al grupo mayoritario a abrirse al diálogo y a buscar consensos. Y han contrastado la narrativa del partido oficial como el único representante del pueblo. 

Hoy las opiniones de todos deben ser escuchadas y atendidas. Y tienen que terminar los discursos de odio, la cerrazón y la descalificación como instrumentos del gobierno. Quien no entienda este mensaje sufrirá las consecuencias en el 2024.