El sistema migratorio estadounidense es sumamente complicado, particularmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tal es el caso de las y los migrantes que solicitan protección humanitaria a Estados Unidos por estar huyendo de un país, al cual tienen temor fundado de regresar por existir un riesgo a su vida o integridad. El proceso estadounidense para obtener la calificación de refugiado está regido por diferentes normas y en él intervienen distintos órganos.
Existen la Ley de Migración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés) y la Ley sobre Reforma de Migración Ilegal y Responsabilidad Migrantes (IIRIRA por sus siglas en inglés), además de otras disposiciones legislativas aplicables al proceso de refugio. Adicionalmente, el poder ejecutivo emite una serie de órdenes ejecutivas y disposiciones que tienen aplicabilidad en la materia, tal es el caso, de los Protocolos de Protección Migrante, emitidos por el actual presidente estadounidense, Donald Trump. Existen también diversos casos resueltos por autoridades jurisdiccionales que establecen los lineamientos a seguir en materia de concesión de refugio a extranjeros, y que delimitan, por ejemplo, a qué grupos sociales se les puede otorgar el carácter de refugiados.
El proceso de reconocimiento como refugiado constituye uno de los mecanismos a través de los cuales extranjeros, es decir, personas no estadounidenses, pueden obtener permiso para trabajar en Estados Unidos, y eventualmente obtener un permiso de residencia, e incluso poder convertirse en ciudadanos estadounidenses. Es así como, una vez considerados como refugiados por las autoridades judiciales o administrativas, y cumpliéndose otros requisitos legales, las y los migrantes tienen la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, la complejidad legal, social y política que rodea al tema migratorio hace muy difícil que todas las personas que de facto reúnan los requisitos, reciban la protección que el estatus legal de refugiado les puede ofrecer.
Uno de los principios internacionalmente aceptados en materia de refugio, es el de non refoulement (o no devolución), de acuerdo con el cual, una persona que huye de un país por miedo de persecución, no puede ser expulsada y regresada al país en el que su vida o libertad están amenazados. Este principio —de acuerdo con expertos como el Relator Especial de los Derechos de los Migrantes de la ONU— requiere que las y los migrantes no sean regresados a cualquier país en el que existe un riesgo a su vida e integridad, por más que hayan transitado por su territorio. Sin embargo, con los Protocolos de Protección Migrante, todavía vigentes, las personas que solicitan refugio a Estados Unidos, después de entrar por la frontera con México, deben permanecer en territorio mexicano hasta en tanto las autoridades decidan sobre su petición de asilo.
La decisión final en materia de asilo puede tardar años, además, mientras esperan la resolución de su situación migratoria, los y las migrantes que permanecen en la parte norte del país no tienen la posibilidad de incorporarse a la sociedad estadounidense, de conseguir un trabajo, e incluso, de poder conseguir asistencia legal versada en derecho migratorio estadounidense. Por si lo anterior no fuera poco, las y los migrantes en espera de su audiencia final, quedan en riesgo de ser víctimas de delincuencia organizada, o incluso, pueden verse forzados a participar en actividades delictivas a efecto de garantizar su subsistencia.
Son muchas las complejidades que la implementación de los Protocolos de Protección Migrante acarrea. Con la victoria de Joe Biden en la elección presidencial, la comunidad migrante en su conjunto tiene la esperanza que acciones gubernamentales como los Protocolos, o incluso la separación de familias migrantes, lleguen a su fin. Sin embargo, el problema radica principalmente en la política migratoria plasmada en las disposiciones legales y judiciales que, para empezar, consideran como “alien” a un no ciudadano (la INA no considera a las y los migrantes como personas, sino como “aliens”, como extraterrestres, entes de otro mundo).
Una reforma migratoria es indispensable en Estados Unidos y depende en gran medida de la presencia de legisladores demócratas en el Congreso de la Unión. Por ello, los resultados de las elecciones de enero en el estado Georgia serán determinantes. Será también importante ver el rol que la comunidad migrante y activistas tendrán durante la presidencia de Biden en la discusión de una iniciativa migratoria que, por ejemplo, facilite y agilice los procesos y reglas en materia de asilo. Mientras tanto, es esperanzador que Alejandro Mayorkas, quien se prevé será la persona encargada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) con la nueva administración, tiene afinidad con la batalla de la comunidad migrante por más derechos.
La política migratoria estadounidense tiene implicaciones en México. La situación migratoria de nuestros connacionales en Estados Unidos es decisiva para el acceso a mayores y mejores oportunidades laborales o prestaciones sociales (como las relativas al desempleo). Este acceso a recursos puede incidir en las remesas que México recibe, y de las que tanto depende, como bien lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su último informe.