Es posible que muchos mexicanos creyeran que la pandemia reduciría la violencia en el país, lamentablemente no fue así. A juzgar por el número de homicidios registrados en 2020, las bandas delincuenciales parecen haberse adaptado a “la nueva normalidad” y consolidado su control sobre ciertas zonas de México.
El 2020 fue el segundo año consecutivo en el que el número de homicidios en México continuó siendo muy alto; 34,515 frente a los 34,648 de 2019. Tan sólo las tasas de asesinatos en el país superaron los 70 por cada 100 mil habitantes en Baja California, Chihuahua, Colima y Guanajuato. Destaca la ciudad fronteriza de Tijuana en donde se registraron 4 mil asesinatos en 2020, lo que equivale al 12% del total nacional. El hecho de que en dos de los estados mexicanos que registran la mayor violencia y el número más alto de homicidios colinden con Estados Unidos no es ajeno a la nueva administración en Washington.
Aunque al momento poco se sabe de cómo se conformará la agenda bilateral entre los gobiernos de Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es claro que uno de los temas será afrontar el estado de crisis que impera en gran parte del territorio mexicano y que muchos de los asuntos de la relación México-Estados Unidos se securiticen. Sin ir más lejos, entre estas cuestiones se encuentran cómo lidiar con el gran número de migrantes que cruzan la frontera en busca de una vida más segura y próspera, así como el tráfico transfronterizo de drogas.
De forma declarativa, Biden ha dejado claro que su idea será abordar la migración y las causas que la detonan, como la violencia y el cambio climático en el lugar de origen, y que le imprimirá un enfoque más humano y responsable. No obstante, abordar el tema del crimen organizado es una cuestión más delicada ya que la evidencia histórica muestra que cuando el objetivo era arrestar o aniquilar a los líderes de bandas delictivas, el resultado fue la atomización de las organizaciones criminales en México. De hecho, mientras que en 2006 había seis grandes grupos del crimen organizado, hoy en día existen más de 200 grupos armados pequeños y medianos que diariamente se disputan el territorio en el país.
Si bien del lado estadounidense existe la interrogante de cómo quedará definida la política exterior que se aplicará al otro lado de la frontera sur, la interrogante se torna mayor cuando se ve del lado mexicano. La diversas declaraciones del presidente López Obrador dejan claro que la cooperación con el vecino del norte no debiera ser intervencionista y atender la no interferencia en asuntos internos, sin considerar que la interconexión de muchos temas puede cruzar fronteras y constituyen cuestiones de seguridad regional en términos tradicionales y de seguridad humana, para lo cual el apoyo coordinado con Washington es fundamental, además de otros aliados, entre ellos países de la región y organismos de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.
Más allá del derecho internacional y de la constitución mexicana, es claro el origen de las premisas en contra de las intervenciones en asuntos internos por parte del mandatario mexicano. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos hizo propia la guerra contra las drogas y prácticamente financió e impuso sus reglas a México con lo cual esperaba eliminar/reducir los impactos sociales, políticos y económicos de la violencia y el narcotráfico en el país y traer mayor estabilidad a la región, guerra que no ha funcionado y nada sugiere que vaya a funcionar en el futuro. Ahora, Biden afronta esta dura realidad y todo parece indicar que podría cambiar el rumbo de la estrategia estadounidense para abatir la violencia, la migración y el narcotráfico. Se vislumbra obvio que, si Estados Unidos quiere paz en su frontera sur, deberá apoyar a México, pero México, por supuesto, deberá permitir ayudarse y cooperar, y ahí es donde habrá de tejer fino para que las cosas funcionen y no se lastimen susceptibilidades.