Si bien algunas entidades pueden impedir la afectación presupuestal externando su protesta, al representar espacios de movilización con potencial explosivo, existen instituciones que carecen de esta fuerza. Tal es el caso de los organismos públicos autónomos en general y en particular el de los institutos electorales, que han sido limitados por diversas administraciones mediante recortes o retrasos en la entrega de sus recursos. Este es ahora el caso del Instituto Nacional Electoral, que se ha visto afectado por una sensible reducción del monto de su gasto programado para este ejercicio fiscal, lo que lleva a la posibilidad de que no pueda participar de manera directa en la operación de las elecciones locales programadas para el presente año.
Medidas para financiar
Ante las expresiones del órgano administrativo electoral nacional sobre las consecuencias del recorte a su presupuesto, el Presidente de la Republica insistió en la conveniencia de que los partidos reduzcan el monto de su financiamiento, sugiriendo que ello dejaría dinero disponible para compensar a este organismo, aunque no reparó en los aspectos legales para que una reducción de recursos a los partidos pudiera derivar en una ampliación de los gastos del Instituto.
Desde luego, lo ideal es que un ajuste al monto de financiamiento de partidos se llevase a cabo por los canales legales, para lo que sería necesario atender las condiciones prácticas en las que podría realizarse una reducción de manera eficiente y sin que pusiera en riesgo la viabilidad del sistema de partidos y la competitividad requerida.
Reducción de partidos
Una opción inmediata sería retomar la propuesta de Morena de renunciar unilateralmente a la mitad de su financiamiento, lo que dejaría disponibles más de setecientos millones de pesos, cantidad con la que el órgano electoral nacional podría cumplir, con ajustes, sus compromisos esenciales para este año. Morena es hoy día el único partido al que le pudieran sobrar recursos financieros, debido al sustancial aumento del monto que legalmente le corresponde, pues si los demás partidos sufrieran una disminución inmediata y drástica de sus ministraciones, quedarían al borde de la extinción por insolvencia, considerando la disminución de sus ingresos debido a la baja en su votación de referencia, sus deudas contraídas y las abultadas multas que arrastran. Así que una disminución gradual del financiamiento público de todos los partidos, para llegar a un ajuste que lo fije en la mitad de su monto actual, sólo sería posible en un medio plazo, tal vez tres años, pues antes sería inviable si fuera un recorte de igual proporción y en los mismos tiempos para todos.
Si la intención es resolver de donde sacar los recursos que se requerirán este año para que la autoridad administrativa electoral nacional cumpla con sus compromisos, he aquí una puerta para una solución inmediata, que avanzaría hacia un esquema de financiamiento público federal sensato para los partidos que a la vez no ponga en riesgo la preservación de nuestra democracia.