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Cuidar al árbitro

La crítica es necesaria, las instituciones electorales deben rendir cuentas.

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Escrito en OPINIÓN el

Se dice que el mejor escenario para una autoridad electoral, es cuando el candidato de oposición gana con cierta holgura como sucedió recientemente en Nayarit o el año pasado en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, ya que por lo general la ciudadanía y los analistas se muestran conformes con la elección. En cambio, cuando los números favorecen al partido en el gobierno -particularmente con un margen reducido como en los casos del Estado de México y Coahuila-, la tendencia es a cuestionar los resultados y acusar, con razón o sin ella, la intervención gubernamental así como la utilización indebida de recursos públicos.

Desde luego no podemos estar satisfechos con la baja calidad de las campañas que se caracterizan por un gran dispendio de recursos, nos inundan con propaganda vacía de contenido, predomina la guerra sucia y el clientelismo, los debates terminan siendo monólogos sin sentido y rara vez escuchamos un planteamiento o propuesta seria. Tampoco podemos pasar por alto los señalamientos respecto a la presencia de financiamiento ilegal o compra y coacción del voto que incluso constituyen delitos electorales que deben ser perseguidos por las fiscalías especializadas.

Es evidente que en las elecciones de este año hay temas que demandan una revisión minuciosa como el comportamiento del programa de Resultados Preliminares en Coahuila, o el activismo desplegado por funcionarios federales y estatales en el Estado de México. De igual forma debemos dar seguimiento puntual a la fiscalización que está realizando el Instituto Nacional Electoral -el rebase de topes de gastos de campaña es causal de nulidad- así como a la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tendrá que resolver las impugnaciones que se interpusieron.

Sin embargo, me parece delicado que siga permeando el discurso del fraude, y por tanto la descalificación generalizada de las elecciones y de la autoridad electoral -que afecta sobre todo al INE, pues la ciudadanía no distingue que la mayor responsabilidad en la organización de los procesos locales recae en los institutos estatales-, siendo que en la inmensa mayoría de las poco más de 34 mil casillas que se instalaron, además de los ciudadanos insaculados que fungieron como funcionarios de las mesas directivas estaban presentes al menos dos representantes y cada uno de los partidos tenía derecho a obtener copia de cada una de las actas que posteriormente fueron revisadas ante ellos en la sesión de cómputo.

Otro dato importante es que únicamente se acreditó alteración en cinco casillas -tres en Coahuila-, por lo que no se sostiene la afirmación de que la elección fue un “cochinero”, y paradójicamente poco se ha reparado en la gran alternancia que hubo en municipios así como en diputaciones.

La crítica es necesaria y las instituciones electorales (Oples, INE, Fepade, tribunales) deben rendir cuentas en sus respectivos ámbitos de competencia y, de ser el caso, deslindarse responsabilidades, pero a partir de un análisis objetivo de lo que realmente sucedió y no de rumores, juicios a la ligera o posicionamientos políticos.

Recordemos que el próximo año enfrentaremos un escenario sumamente complejo en el que pudiera estar en juego la estabilidad del país por el contexto político, económico y social que vivimos. Además de la elección presidencial y la renovación de ambas Cámaras del Congreso Federal, simultáneamente habrá elecciones locales en 30 entidades y en 9 de ellas se votará por Gobernador -Jefe de Gobierno en el caso de la Ciudad de México-, por lo que me parece que, sin complacencias, lo razonable sería cuidar al arbitro.

@agus_castilla