En las primeras semanas de su gestión como ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar se reunió con jueces y magistrados federales que habían decidido actuar en forma coordinada para buscar un amparo contra el recorte de sueldos consignado en el presupuesto del gobierno de López Obrador. Les pidió desistirse. Algunos aceptaron, otros se negaron en redondo. Desafiaban a su jefe máximo y uno de los litigantes de más prestigio en el país. Pero quizá desdeñaban al hombre que llegó al más alto cargo del Poder Judicial de la Federación sin haber sido nunca juzgador.
Ese episodio parece haberse concatenado con las afrentas surgidas en los días últimos de diciembre y los iniciales de enero, lapso en el que otros aspirantes a la presidencia de la Corte, compañeros de pleno de Zaldívar, no solo fueron hechos a un lado sino que debieron soportar malos tratos y filtraciones mal intencionadas a la prensa en las que se describía a algunos de ellos como corruptos bajo investigación.
El riesgo de una fractura al interior del pleno de los 11 ministros quedó sellado en esas fechas, y no ha hecho sino crecer y expresarse cada vez en forma más cruda, como ha ocurrido esta misma semana al debatirse el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso avalar la controversia constitucional contra la legislación de remuneraciones de servidores públicos federales, que marca un tope a los sueldos en el gobierno, no más arriba de los 108 mil pesos mensuales que devenga el presidente López Obrador.
“¿Pero en verdad leyeron mi propuesta (de sentencia)?”, les inquirió-reclamó Pérez Dayán a los ministros que el lunes habían empezado a formar una aplanadora destinada a imponer una votación muy, muy lejos de los ocho votos requeridos para cancelar la referida ley. Pero lo que el ministro ponente imputaba veladamente a los tres compañeros que ya se habían manifestado en contra era que estaban votando por consigna y al gusto del gobierno, acaso la mayor afrenta que se le puede asestar a un integrante del máximo tribunal. Y entre esos votos adversos se encontraba, ni más ni menos, el de Zaldívar, quien incluso anunció que difundiría sus argumentos en redes sociales, en momentos en los que el proceso mostraba apenas su primera etapa.
Luis María Aguilar, ex presidente de la propia Corte; el propio Pérez Dayán; Javier Laynez, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena han ido constituyendo, en el brevísimo lapso de cuatro meses, un polo opositor a la gestión y los estilos de Zaldìvar. En contraste, en su grupo de seguidores más convencidos se hallan Juan Luis Gutiérrez Alcántara, Norma Lucía Piña, Yazmín Esquivel, José Fernando Franco y Eduardo Medina Mora.
Los argumentos del bloque adversario muestran una amplia gama de motivos, desde un presunto trato desdeñoso de Zaldívar tras ganar la presidencia (cero “operación cicatriz”, se dice), despidos de funcionarios administrativos clave tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura, a los que sustituyó con nuevas contrataciones de gente poco experimentada. Muchos de los nuevos cargos fueron ocupados por recomendados de los equipos políticos externos que le consiguieron votos a Zaldívar, destacadamente el grupo cercano al ex presidente Peña Nieto.
Pero el mayor de los reclamos dentro de la Corte y en espacios de magnitud aun no clara en el conjunto del Poder Judicial de la Federación, se refiere a la evidente acumulación de señales de una indebida, insana e indigna sumisión de Zaldívar y otros ministros hacia el Poder Ejecutivo, encarnado en el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es previsible que esta tensión acumulada haya pesado especialmente ayer en la sesión del pleno de la Corte para suspender, por segundo día consecutivo, la votación sobre la referida ley de remuneraciones, a lo que se sumó el anuncio en el Senado, por parte de partidos opositores, de una nueva controversia constitucional, o la casi furtiva visita a la Corte, en la víspera, del presidente de la propia cámara alta, Martí Batres. Y están ya a la vista peticiones de amparos individuales, que en la Corte no precisarán ocho votos para ser avalados, sino solo seis.
No es desde luego, el derrotero deseable para un poder del que se espera la madurez y serenidad necesarias para ser contrapeso del Ejecutivo y garantía última de que, en democracia, todos los actores deben respetar la letra y el espíritu de la Constitución, cuyo intérprete es la Corte. Nadie ganará si ese valladar a la sinrazón se fracturara.