La descolonización se propone cambiar el orden…
es, como se ve, un programa de desorden absoluto.
Frantz Fanon
Los condenados de la tierra (1961)
El día de ayer la Suprema Corte de Justicia en una decisión competida que será objeto de polémica aquí, ahora y, en la posteridad, abrió una puerta insólita y aborrecible para unos, largamente deseada y celebrada por otros: la posibilidad de investigar y juzgar a actores políticos por: “decisiones políticas tomadas en los años pasados, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Esta formulación que replantea los términos de la pregunta a la consulta popular para juzgar a los expresidentes de los gobiernos neoliberales demandada por 2.5 millones de firmas ciudadanas presentadas al INE, representa el giro jurídico mas relevante de los últimos doscientos años de historia política mexicana. Para algunos esta reformulación vacía de sentido, confunde y tergiversa el demandado enjuciamiento a los ex mandatarios, en una operación de “atole con el dedo”. Para otros, la propuesta es un galimatías que no obstante acusa la genuflexión del poder judicial al presidente de la República; para otros más, la decisión de los magistrados franquea la puerta a procesos de justicia transicional largamente esperados por víctimas agraviadas en la larga lista de matanzas, persecusiones, desapariciones políticas y crímenes de lesa humanidad, que atestan nuestra triste historia desde los años cincuentas.
Si bien la reforma a los artículos 118 y 111 promovida por la Cámara de Senadores y aprobada justo hace un mes por la de Diputados, “para juzgar a los presientes y ex presidentes, por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”, constituía de entrada una pauta para hacer viable la Consulta popular, el fallo positivo de la Corte que muchos pensaban sería un valladar infranqueable, constituye un quiebre histórico que abre, ahora sí, el compás de la política mexicana a lo impensable e inesperado.
Habrá mucha deliberación de por medio en los próximos meses hasta clarificar los alcances de esta decisión, pero el hecho simbólico a más no poder, es haber roto el sacrosanto sello de inmunidad e impunidad ante delitos del fuero común y federal, colocado en el pináculo del poder en México desde 1917. De modo que, en un acontecimiento inédito, la primera consulta popular que podría realizarse el año próximo, tendría como objeto determinar la investigación y eventual enjuciamiento por delitos diversos, sobre todo aquellos de lesa humanidad que no prescriben, a los recientes exmandatarios del país.
Con estas dos decisiones en marcha, la 4T refrenda ante sus 30 millones de electores que, en efecto, está cumplimiento el mandato para el que fue electo el actual mandatario. En ese orden deben inscribirse también muchas de las decisiones ampliamente contestadas y repudiadas por sus opositores y denostadores. De ahí deriva que el apoyo popular al presidente, mantenga un piso firme y todavía considerable que varios de sus antecesores perdieron llegados al segundo año.
En el fondo, habría que aceptar que el desorden, en el sentido de ruptura del orden anterior, que muchos aseguran han provocado las decisiones del gobierno de la 4T no son otra cosa que acciones para el desmantelamiento de los poderes fácticos, ilegales e incluso criminales, enquistados en distintos aparatos y mecanismos del Estado mexicano, por obra y gracia de la corruptocracia rampante que tomó por asalto el poder, hace al menos cuarenta años y, que terminó en una bacanal de avaricia y venalidad en el gobierno anterior.
La lista parece interminable: huachicoleo de gas, agua, gasolina, robo o impago de energía eléctrica a disestra y sinestra; defraudaciones en adquisiciones de toda laya, desde medicinas, equipos, servicios, construcción, infraestructura; contrabando, tráficos ilegales por la captura de aduanas y puertos; captura de cuerpos policiales para perpetrar secuestros, desaparaciones, extorsión, asesinatos; cárceles que dejaban salir y protegían a delicuentes sentenciados para salira a cometer delitos; jueces y forenses que venden sus dictámentes; cochupos y moches para bajar recursos o evadir impuestos.
La orgía corruptígena que se celebraba en las cúpulas desató el abuso a todos los niveles, por lo que el saqueo de recursos públicos cruzó lo ancho y lo largo de la República. Las noticias que a diario nos llegan de estos hechos muestran que casi no había programa ni recursos públicos que no se ordeñara en beneficio de familiares, amigos y complices de funcionarios y gobiernantes municipales, estatales o federales. Como resultado de ese indignante saqueo que tuvo su correlato en contratación de deuda publica y privada por parte de las administraciones públicas, están comprometidos mas del 60% de las finanzas municipales y estatales. Hablo en pasado porque todo eso fue prohijado por los gobiernos anteriores, pero todo eso está todavía activado en el país y no hay duda de que entre muchos de los que colaron a la 4T hay personas que delinquen y lucran con el poder que da ser funcionarios o autoridades públicas. Sólo que hoy por hoy, el gobierno federal no encabeza, sino que busca combatir y evitar el saqueo.
El poder agujerado y raído del Estado capturado por la corruptocracia, se transmutó no sólo en impunidad para los altos funcionarios, sino en práctica cotidiana de autoridades a todo lo largo y ancho de la cadena de mano y, en valor común para un porcentaje importante de la población. De todo esto dan cuenta tanto la aceptación que tiene la corrupcion como algo natural y el influyentismo, como las cifras de la impunidad de los delitos del fuero común estimada en 90%. También se muestra en la frialdad con que algunos jóvenes, casi adolescentes enlistados en las filas de la delincuencia, empuñan o disparan armas para extorsionar, robar, secuestrar; y, en la frivolidad con la que otros asesinan y violan a mujeres, ex parejas sentimentales o desconocidas; o en la aquiescencia con la que familiares, padres, madres y amigos de primo delincuentes se aprestan a proteger o encubrir a quienes roban, violan, secuestran o matan. Todo ello indica que moralmente como sociedad, estamos quebrados y que será una tarea ardua y prolongada lograr que en nuestra convivencia y en las relaciones con la autoridad renascan valores cívicos, resposabilidadades ciudadanas, integridad ética, solidaridad y respeto mutuo.
La colonización que la corruptocraia alcanzó en nuestras conciencias puede ser uno de los factores explicativos para entender por qué un segmento considerable de la llamada inteligencia mexicana, opinadores políticos incuidos, así como una parte de las capas sociales medias, se revuelcan indignados ante lo que consideran el desmantelamiento de las instituciones del Estado, como si muchas de éstas no hubieran sido pergueñadas y reformadas justamente para permitir o legitimar y aún proteger, a los perpetradores de todos estos delitos y abusos, naturalizados, rutinizados y aún vistos por muchos como prerrogativos del cargo. La economía del saqueo publico y el extractivismo económico fue asentada sin duda en disposiciones juridicas y normativas ad hoc. Recuérdese sin no, la cara de complaciente cinismo de Javier Duarte, ante la sabida protección que la propia legislación de Servidores Públicos le otorgaba para salir librado del saqueo brutal que organzió durante su mandato y salir pronto sin retornar lo defraudado. Hoy lo que aparece como desbarajuste y perturbación, en la suspensión de compras amañadas, liquidación de fideicomisos saqueados, etc., etc., es sólo la limpieza del desorden y del abuso. Hay sin embargo muchos que mantienen colonizada su conciencia y quieren que regrese intocado, el régimen con el que se formaron o engordaron su patrimonio.