El pasado 28 de enero, Transparencia Mexicana dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2020, instrumento que registra la opinión de analistas, expertos y empresarios de 180 países sobre la situación que se mantiene respecto a la corrupción en cada una de las naciones evaluadas. Nuestro país avanzó seis posiciones en comparación con el indicador de 2019, al pasar del lugar 130 al 124, al obtener 31 puntos en una escala donde cero es la calificación más baja y 100 la mejor posible. En el informe se enfatiza cómo la pandemia ocasionada por el SARS-Cov-2 devela las brechas que aún existen por cubrir en gran parte de los países en cuanto a la eficacia de las medidas anticorrupción.
Sin duda es positivo que la percepción acerca de la extensión de la corrupción mejore, pues da cuenta de lo que las personas consultadas consideran sobre lo que conocen de su entorno. Sin embargo, también se requiere cautela, pues por tratarse de un dato relacionado con la subjetividad de los individuos, es susceptible de verse influido por aspectos distintos a la realidad material de los asuntos, como puede ser la capacidad de permear del discurso político optimista respecto del cambio de régimen; o los anuncios espectaculares que implican indagaciones en torno a personajes importantes del régimen anterior.
Es necesario que la voluntad del Estado por combatir la corrupción tenga expresiones tangibles, medibles y verificables. El presupuesto que se destine a las diferentes instituciones tiene que ser resultado de ejercicios de planeación que logren consolidar una política integral en el tema; las acciones de todas las dependencias deben ser objeto de la más amplia transparencia, para brindar a la población la certeza del rumbo tomado; la acción legislativa tiene que ser oportuna y eficaz. Son muchos los retos y pendientes que aún hay que enfrentar en México.
Por ejemplo, a casi cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, es de llamar la atención que no se ha podido consolidar su funcionamiento. Es ilustrativo que aún está pendiente en el Senado los nombramientos de 18 magistrados que integrarán las salas especializadas en la materia; asimismo lo es que actualmente el Comité de Participación Ciudadana del sistema tiene vacantes tres de los cinco lugares que lo conforman.
El reto es perfeccionar el modelo institucional mexicano, fruto de nuestra evolución democrática, para alejarse de la fragmentación y descoordinación de esfuerzos, para lograr el concierto de los espacios jurisdiccionales; las instancias de prevención, investigación y sanción en anticorrupción; y legisladores y organismos autónomos que inciden en la procuración de una mejor administración pública.
La captura del aparato de gobierno, la ineficacia, los costos elevados y la partidización de las instituciones son aspectos negativos que se tienen que erradicar, sin embargo, igual de nocivos para la vida democrática pueden ser los intentos de eliminar la arquitectura del Estado democrático que se ha construido en muchos años de lucha y trabajo por parte de ciudadanos en el contexto del régimen político totalitario del partido único.
Las instituciones creadas para abatir el fenómeno corruptor, prohijado por décadas de impunidad, tienen que fortalecerse. Se requieren ajustes a su diseño y a la normativa que rige su actuación, con el objetivo de ampliar sus capacidades y su eficacia. Un aspecto prioritario en este sentido es la consolidación de su independencia, objetividad y autonomía, rasgos clave para incidir efectivamente en el combate a los abusos en la gestión burocrática sin presiones partidistas o de grupo. Fragilizar el entramado institucional al final serviría a los intereses de aquellos que aún tienen la expectativa de continuar medrando de las arcas de la nación sin temor a ser castigados por ello.
En este contexto, se debe reiterar que la transparencia y el acceso a la información son cruciales para el combate a la corrupción. Un ejemplo de ello es el acompañamiento activo que se hace desde el periodismo al ejercicio del poder público, que ha logrado exhibir en varias ocasiones importantes tramas de irregularidad administrativa y de expolio al erario, llevando a la agenda pública casos que han merecido la reprobación de la sociedad y la acción institucional para investigarlos y sancionarlos.
Apuntalar las libertades de información, de expresión y de prensa es importante para que la lucha contra la corrupción tenga a la sociedad como uno de sus participantes activos, pues tiene que convertirse en un tema de todos. El Estado y sus instituciones, obviamente, tienen un papel preponderante, y así lo han tenido también diferentes organismos de la sociedad civil; de la academia y del activismo social; pero hoy se requiere más participación de ciudadanos, que desde su radio de acción individual pueden contribuir en el acompañamiento al gobierno, en la denuncia de irregularidades, en la exigencia de más apertura y mejores resultados en la administración de lo público. Todos tenemos algo que decir y algo que hacer para disminuir las conductas irregulares en el aparato burocrático, es hora de la responsabilidad compartida.