El martes 11 de enero, Ariadna Montiel Reyes pasó a ocupar la titularidad de la Secretaría de Bienestar, institución que sustituyó a la Secretaría de Desarrollo Social, creada ex profeso por Carlos Salinas de Gortari en 1992, para el impulso del malogrado candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Montiel Reyes ocupaba la Subsecretaría de Bienestar en esa dependencia del Ejecutivo.
Diez años atrás había sido electa diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el Partido de la Revolución Democrática. Era secretaria de la Comisión de Gobierno, cuando ésta era presidida por Manuel Granados Covarrubias, el hombre de las confianzas de Miguel Ángel Mancera Espinosa.
En 2012, Ariadna Montiel Reyes, Manuel Granados Covarrubias y el panista Federico Döring Casar, se repartieron más de cien millones de pesos del presupuesto de ese órgano legislativo, con fundamento en un acuerdo que los quince integrantes de la Comisión de Gobierno firmaron el 12 de octubre de ese año. Ese hecho fue puntualmente documentado y denunciado en este espacio.
Esos recursos jamás fueron examinados por la Auditoría Superior del Distrito Federal, además de que en su ocultamiento intervinieron el entonces oficial mayor de la Asamblea Legislativa, Aarón Josué Ramos Miranda y quienes entonces fungían como comisionados de Transparencia del Distrito Federal, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava.
Ariadna Montiel Reyes formó parte de la comisión que investigó las fallas de la Línea 12 del Metro, cuando en 2014 se decidió suspender el servicio, por el deterioro que ya presentaba la obra, cuya estructura terminó por colapsar en diciembre de 2021.
Ariadna Montiel Reyes, beneficiaria de un tercio de esas prerrogativas extraordinarias, repartidas en secreto en 2012, también es responsable —junto con Rocío García Pérez, quien hoy ocupa la subsecretaría de Bienestar— de operar la mentira orquestada desde Palacio Nacional, respecto de la “corrupción” que se utilizó como pretexto para desaparecer las estancias infantiles.
La investigación de la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, reconfirma lo que se ha señalado reiteradamente en este espacio: la desaparición de las estancias infantiles jamás se debió a hechos de corrupción. Y el “millón y medio de pruebas” que Andrés Manuel López Obrador dijo poseer, resultaron ser una infamia monumental.
Queda claro que la corrupción, la mentira y la opacidad son los requisitos clave para formar parte del gobierno de la “cuarta transformación”.