La semana pasada, Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer el hallazgo de índices delictivos “manipulados” durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
Detalló que al menos 55 homicidios cometidos en la capital “no fueron reportados como tal, sino como denuncias de hechos”. Ocurrió lo mismo con un número indeterminado de casos del delito de violación, que primero fueron clasificados como denuncias de hechos y luego reclasificados como “abuso” u “hostigamiento”.
Del análisis realizado a una muestra de 5 mil carpetas de investigación generadas como “denuncias de hechos”, la procuradora Godoy Ramos encontró que 64 por ciento (3 mil 200 carpetas) fueron mal clasificadas de manera dolosa.
Sus hallazgos constituyen un pequeño bosquejo de la problemática existente en la Ciudad de México en lo relativo a la impartición de justicia.
Otro de los graves problemas que irá descubriendo la procuradora Godoy Ramos se refiere a la práctica no desterrada con la desaparición del sistema inquisitorio, de cumplir con cuotas de detenidos, que involucran a personas inocentes de los delitos que se les imputan. Estas prácticas no sólo trascienden a la aparición del sistema penal acusatorio, sino también a la administración de Miguel Ángel Mancera.
Se tiene documentado que en las agencias del Ministerio Público de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc e Iztapalapa, la detención de personas inocentes es una práctica recurrente, porque existen incentivos para policías y fiscales a efecto de realizar estos hechos ilegales. Los primeros gozan de un día de descanso por cada puesta a disposición; los segundos compiten por un bono económico de “eficiencia” medible a través de las cifras de detenidos.
Malas prácticas
Los responsables de agencia, en contubernio con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fabrican delitos a indigentes, personas en situación de calle, vendedores de chicles, malabaristas, comerciantes en vía pública, entre otros.
Indígenas que no saben español son retenidos durante las 48 horas de ley y sólo hacia el final de este tiempo se les proporciona el derecho a contar con un intérprete, por lo que en la mayoría de los casos desconocen el por qué fueron detenidos, lo que constituye violación a sus derechos humanos, así como al debido proceso.
Agentes del Ministerio Público entrevistados por este reportero reconocen la existencia de prácticas ilegales en sus agencias, que son estimuladas por los responsables de Agencia, en razón de que les representan ingresos ilícitos, pero también el cumplir con cuotas de detenidos, como ocurría en el sistema inquisitorio.
Señalan, por ejemplo, que muchas personas son acusadas de robo, sin que la policía presente al denunciante.
También afirman que, en ocasiones, los policías se presentan vestidos de civil para actuar como denunciantes, a fin de cuadrar su historia y lograr con ello la extorsión de los detenidos, cuyas familias se ven obligadas a pagar por su liberación, en el margen de las 48 horas de ley que el Ministerio Público puede retenerlos.
Las y los policías vestidos de civil se registran con nombres falsos, no presentan identificación, pero actúan como denunciantes frente a personas que no cometieron delitos, a fin de extorsionarlos y ganar para sus compañeros un día de descanso por cada puesta a disposición.
Una práctica común es detener a jóvenes que fuman mariguana, para luego remitirlos por el delito de posesión. Previamente, los elementos de la policía capitalina “siembran” estupefacientes a los detenidos, antes de presentarlos al Ministerio Público, a donde se les exigirá dinero para liberarlos o, a falta de éste, consignarlos por delitos contra la salud.
Corrupción
En la alcaldía de Álvaro Obregón destaca el caso de Luis Cano Guerrero —quien fungía como fiscal en la Coordinación Territorial AOB-3— recientemente removido por haber solicitado a sus subordinados que todas las detenciones “se corrijan o se encuadren”, lo que significa que todos los casos debían ser judicializados, existieran o no elementos para proceder. Los agentes del Ministerio Público actuaban bajo amenaza de no pago de sus salarios o de aumentar sus horarios laborales, lo que continúa ocurriendo en otras demarcaciones, como es el caso de Álvaro Obregón e Iztapalapa.
En la alcaldía de Cuauhtémoc, la encargada del área de judicialización, Gabriela Cuenca Uribe, en contubernio con los responsables de agencia en CUH-2, Jorge Ayala Sánchez y José Luis Bolaños Macías, permiten y fomentan las prácticas ilegales anteriormente descritas, particularmente las relativas a la detención de personas inocentes, con el objetivo de cumplir con sus cuotas de detenidos.
En su página de Facebook, el juez Ángel Aarón Cámara Atristain filtró un video en el que se aprecia a un fiscal reconociendo que una persona fue detenida “de manera diferente” a cómo lo narraron los elementos de la policía. La detención del imputado ocurrió en un lugar distinto del que narraron los elementos de la SSC; su defensa, a través de la revisión de los videos del C4, demostró que la detención ocurrió en lugar distinto del narrado, por lo que el juez reconoció que “es la primera vez que yo he visto algo así” en el sentido de reconocerle al MP el error en lo relativo a la detención del imputado, lo que derivó en su legítima liberación.
Otro grave problema que se presenta en la impartición de justicia es que muchos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no respetan el Protocolo de Estambul en la detención de personas pertenecientes a grupos vulnerables, lo que significa que realizan prácticas crueles, inhumanas o degradantes, como someterlos con exceso de fuerza, ponerles las botas en la cara y cuello y golpearlos, sin que los detenidos hayan mostrado resistencia al momento de su detención.
La procuradora Godoy Ramos y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, enfrentan grandes retos para sanear a las policías y cambiar las prácticas corruptas y violatorias de derechos humanos que se presentan en las agencias del Ministerio Público capitalino. Por lo pronto, queda clara la manipulación del 64 por ciento de las carpetas de investigación, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, en delitos de alto impacto como homicidio y violación, a efecto de informar mañosamente a la opinión pública sobre la “reducción” de dichos delitos.