El 15 de julio, el presidente de la República difundió a través de sus redes sociales, un manifiesto intitulado “Bendito coraje”, dirigido a “escritores y periodistas”, a quienes acusa de haber “defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista”.
Su arenga aparece como respuesta al desplegado firmado por una treintena de periodistas, escritores y académicos, intitulado “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, firmado por Soledad Loaeza, Consuelo Sáizar, José Woldenberg, Julio Frenk, Guillermo Sheridan, Javier Sicilia, Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín y otros.
Los argumentos del presidente exhiben su marcado interés por el proceso electoral de 2021, pues sabe que —de perder la mayoría en la Cámara de Diputados— el futuro de su movimiento tendría fecha de caducidad en 2024.
Por eso, su manifiesto pretende desacreditar la propuesta de un frente común que haga contrapeso a su partido. López Obrador se presenta a sí mismo como el adalid de la democracia, cuando cuestiona qué hicieron los firmantes del desplegado “para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia”.
Olvida que fue el esfuerzo de particulares, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, lo que impulsó las reformas que derivaron en la conformación de un órgano autónomo, que ahora es responsable de la organización del proceso electoral, por el cual él mismo resultó ganador.
Ante su afán por acumular la mayor cantidad de poder posible, el presidente se ha dado a la tarea de socavar a las instituciones del Estado que le significan contrapeso. Allí está el caso emblemático de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las reiteradas críticas al Instituto Nacional de Transparencia.
Por eso, la alianza propuesta por escritores, periodistas y académicos constituye la única posibilidad de derrotar a Morena y a sus partidos satélite —entre los que estará el Partido Verde Ecologista de México— pues a pesar de los nulos resultados de su administración, un amplio segmento de la opinión pública le continúa apoyando, pues el reparto clientelar de recursos se ha impuesto como política pública atractiva, a pesar de que con ello se limiten recursos para la salud, la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico.
Las propias instituciones del gobierno federal son ahora blanco de recortes desproporcionados. Recursos que están siendo canalizados hacia el Ramo 23 y cuyo destino final será su uso ilícito durante el proceso electoral de 2021.
Lejos de demostrar un afán democratizador, López Obrador pretende la restauración de un modelo autoritario, imperial, en el que la aplicación de la ley deje de ser tarea del poder Judicial, para convertirse en decisión personal y en arma política del Ejecutivo. “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la Ley a secas”; es el lema de Benito Juárez, que López Obrador pretende convertir en principio general del Derecho.
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