Después de los lamentables sucesos ocurridos en Cancún, donde elementos policiacos dispersaron a balazos una manifestación que exigía justicia para las víctimas de violencia contra la mujer, la indignación de los colectivos de defensa de derechos humanos en general y derechos de las mujeres en particular ha crecido de forma exponencial, aunque plenamente justificada.
México se ha convertido en un país de máximo riesgo para las mujeres. Así lo atestiguan las cifras de cuanto estudio existe sobre la inseguridad, y no únicamente me refiero a la percepción, sino a la terrible realidad cotidiana: tan solo de enero a septiembre de este 2020, más de 73 mil mujeres fueron víctimas de delitos, y más de 700 perdieron la vida a causa de feminicidios.
No hay justificación ni puede haber ningún tipo de tolerancia ante la espiral de violencia contra las mexicanas. Y no es solo reparar en las cifras terriblemente dramáticas que colocan a nuestro país como el sexto más violento del mundo: hay que considerar las causas, incrementar labores de prevención, combatir los delitos y garantizar la protección y auxilio a las víctimas y sus familias.
Sin embargo, el gobierno federal sigue lamentablemente ensimismado en su proyecto electoral, privilegiando el acopio de dinero para repartir en acciones abiertamente proselitistas, arrebatando presupuestos a los programas de atención a víctimas y de prevención de violencia contra la mujer.
La violencia contra las mujeres no cesará con declaraciones, de apariencia bienintencionadas. Hay que tomar decisiones claras, inmediatas y enfocadas en la educación del respeto y la tolerancia, al mismo tiempo que se fortalezcan los programas de prevención de la violencia y se dote a la sociedad de cuerpos de seguridad especializados que atiendan cada llamado.
Leemos en las redes sociales alertas por desapariciones, y afortunadamente el colectivo social se moviliza para apoyar en la localización de mujeres y niñas que de pronto no llegan a sus casas. Algunas son ubicadas con vida, y cuando esto ocurre hay gente que se lamenta por la “falsa alarma”, sin tomar en cuenta que hay algunas que jamás aparecen.
Todo reporte, toda alerta, toda demanda debe ser atendida. Y si resulta en nada, qué bueno, congratulémonos, y alegrémonos de que una mujer o una niña, o un niño, aparecieron sanos y salvos. No desalentemos la cultura de la denuncia, porque en este concierto de violencia somos los ciudadanos quienes con nuestra acción de denuncia podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte en el caso de las mujeres, niñas o niños violentados.
Nuestro país se deshace en violencia de género y en intolerancia hacia quienes piensan o actúan diferente. Desde el púlpito mediático institucional diariamente el presidente López Obrador cultiva el encono y la división, el enfrentamiento como política oficial, esto lo puede corroborar cualquiera con solo ver las transmisiones matutinas de sus mensajes. No puede seguir así, por el bien de México y los mexicanos, pero sobre todo las mexicanas.
Lo deseable es que desde el gobierno se convoque a la unidad pero no a la unidad como sumisión ante un culto a la personalidad del mandatario, no. La unidad social que surge de la tolerancia y del respeto a todas las formas de pensar, a todas las formas de ser. Ese es el principio del fin de la violencia de género, y aún de la violencia en general.
El combate al delito puede ser coordinado y convocado desde el gobierno federal, pero no como una imposición sino como un consenso decisivo entre todos los gobiernos locales, porque a todas y a todos nos importan nuestras comunidades. ¿De qué le sirve al gobierno regalar dinero para ganar las elecciones si ese dinero se le arrebata a los programas que ayudan a la paz social?
Por el bien de tod@s, abonemos a la no violencia educando a nuestros hijos y a nuestras hijas en la cultura de la igualdad, de la paz y de la construcción en equipo de la sociedad en que vivimos. Es la mejor forma de edificar el futuro que queremos para nuestro país pero sobre todo para las generaciones que nos siguen.