Finalmente y, aunque en la conferencia mañanera del pasado martes el presidente López Obrador señaló que se habían logrado reunir más de 2 millones de firmas para que mediante petición ciudadana el Congreso convoque a la consulta popular con el objeto de preguntar si se debe enjuiciar a los ex presidentes Zedillo, Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto, tomó la decisión de enviar también la solicitud al Senado para “mayor seguridad”, pues el plazo venció precisamente el 15 de septiembre y el INE tendrá que revisar que dichas firmas cumplan con los requisitos.
Quizá efectivamente en un inicio López Obrador no estaba convencido de que se lleve a juicio a los ex presidentes y, en particular a su antecesor con quien según distintas versiones existía un acuerdo -que seguramente nunca se reconocerá-, pero las condiciones del país y la evidente falta de resultados de su gobierno probablemente lo orillaron a cambiar de postura y, en un discurso contradictorio, ha incitado a que se movilicen sus estructuras con ese propósito -a pesar de que seguimos en plena pandemia y se supone que la recomendación justo es que se reduzca la movilidad y el contacto entre personas lo más posible- convirtiéndose en una prioridad para la 4T al igual que la kafkiana rifa del avión sin avión -que sigue generando gastos importantes de manutención y resguardo-. Es increíble que en medio de la emergencia sanitaria los esfuerzos se concentren en instalar módulos para recabar firmas y vender boletos, y más aún que el gobierno y sobre todo el Insabi hayan destinado recursos públicos para la rifa en vez de, por ejemplo, asegurar los medicamentos para niños con cáncer o el equipo de protección para el personal médico.
Al parecer les urge distraer la atención de los efectos del manejo de la pandemia, la crisis económica así como de los niveles de inseguridad y violencia o de los casos de corrupción que empiezan a aparecer cada vez con mayor frecuencia. Incluso, la apuesta es llevar este tema a la contienda electoral aprovechando el repudio de un amplio sector de la población hacia la clase política representada por estos personajes -aunque el “nuevo” grupo en el poder está demostrando no ser tan distinto-, para que la decisión del voto se enfoque en el pasado y no sobre el presente como debe ser un ejercicio de rendición de cuentas.
Si realmente se tratara de un asunto de justicia y fortalecimiento del estado de derecho, la ruta es muy simple: pedir a la Fiscalía General de la República que abra una investigación y consigne ante un juez. Pero para ello necesitarían señalar con claridad cuáles son los delitos por los que se acusa en lo individual a cada ex presidente, toda vez que no se les puede enjuiciar por señalamientos genéricos como supuestamente pretenden con la consulta que, además, pocas probabilidades tiene de llevarse a cabo, pues en principio se esperaría que la Suprema Corte determine su inconstitucionalidad. La pregunta que plantea también es muy cuestionable si partimos de la premisa que las autoridades están obligadas a investigar la presunta comisión de delitos en caso de tener conocimiento y contar con elementos suficientes para ello. El cumplimiento de la ley no es un asunto discrecional pero tampoco parece preocuparle.
Para el presidente esta es una cuestión meramente propagandística y electorera, por algo sigue insistiendo en la posibilidad de que la consulta popular se celebre el 6 de junio a fin de empatarla con la jornada electoral -a pesar de que la Constitución es muy clara en cuanto a que la fecha tendría que ser el primer domingo de agosto-, ya que no pudo lograr que el próximo año se votara la revocación de mandato. De hecho, no se puede descartar que, en caso de que la Suprema Corte resuelva en contra, decidan convocar a una consulta “patito” y hasta instalen mesas paralelas, lo que sea con tal de desviar la atención y que la elección no se centre en el precario desempeño gubernamental.