El 15 de septiembre pasado se celebró en el mundo el Día Internacional de la Democracia, como un concepto clave en el ideario político de las naciones que dota de condiciones de igualdad ante la ley y que fomenta la tolerancia y la diversidad de pensamiento. Esta efeméride fue instaurada por Naciones Unidas al aprobar la resolución A/RES/62/7, por la que alienta a los gobiernos a fortalecer la promoción y consolidación de la democracia, resaltando la importancia de que los pueblos decidan, de manera libre, sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, así como de la plena participación en todos los aspectos de sus vidas.
Bajo tal contexto, es importante recordar que la democracia, según nuestra Constitución, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, además de una estructura jurídica, que al mismo tiempo constituye un régimen político.
Así, la democracia se distingue como un concepto multidimensional que hace posible el desarrollo armónico de una sociedad, a partir del involucramiento de todos los ciudadanos en la conformación del poder y en la toma de decisiones públicas. Al mismo tiempo favorece la evolución de las condiciones de vida de las personas, sustentando el ejercicio de los derechos civiles y políticos y dando cauce a la tolerancia y al aprecio a la diversidad en la sociedad.
En México, desde los años setenta del siglo pasado, se inició un largo camino por la democratización de la vida pública, en el cual se han sorteado múltiples escollos y dificultades. Hoy, podemos reconocer avances significativos, como el pacífico cambio de régimen fruto del ejercicio cívico de una mayoría que decidió apostar en las urnas por la transformación que ofreció en campaña el hoy presidente López Obrador.
Por supuesto, la democracia implica el disenso y la multiplicidad de puntos de vista, sin embargo, también encuentra su basamento en la construcción de posiciones consensuadas, particularmente en escenarios difíciles y de crisis como el que se vive en la actualidad.
El liderazgo político de nuestro país tiene la oportunidad de orientar sus esfuerzos al logro de resultados favorables para la población, y para ello va a requerir de una ciudadanía participativa y de actores políticos a la altura de las circunstancias.
Es de tomarse en cuenta que un elemento indisociable del ideal democrático es privilegiar el diálogo y la construcción de consensos sobre el conflicto y la imposición. En este sentido, es inamovible la convicción de que la democracia tiene que entenderse de manera esencial como un espacio donde pueden participar todas las personas. De ahí la importancia de acentuar los esfuerzos por ampliar la inclusión en los procesos políticos, atrayendo a los jóvenes, a los pueblos originarios, a campesinos, obreros y otros grupos históricamente relegados al ágora pública, pues el debate de la agenda nacional no puede ser excluyente o monopolizado por unas cuantas voces.
La polarización que se percibe en el ambiente político mexicano debe superarse para poder encaminar los esfuerzos e inteligencia social hacia un derrotero que tenga como horizonte el bien común a través del trabajo colectivo en su favor. La democracia no puede entenderse de manera limitada como una mera contienda entre partidos y propuestas de campaña, mucho menos debe considerarse como un hecho que se consuma el día de la elección. Constituye un proceso cíclico que, para rendir los frutos esperados, necesita la participación activa de las personas, todos los días.
La sociedad en su conjunto debe acompañar y cuestionar el ejercicio de gobierno mediante los mecanismos a su alcance, como una forma de control del poder; tiene que exigir y vigilar que se garantice la vigencia de las libertades de información y de expresión, vitales para el debate público; asimismo, tiene la obligación de defender a las instituciones que equilibran el funcionamiento del Estado.
Para consolidar el modelo democrático se requiere además la recuperación de la confianza de las personas, cuestión que precisa que la acción pública se desarrolle con transparencia, con la participación amplia de las personas, además de incorporar la promoción de la conducta ética en todos los ámbitos de la vida pública. Solamente con esta suma virtuosa podrá crearse un entorno de credibilidad y legitimidad, útil para consolidar el modelo democrático en nuestra sociedad. Así, estaremos afianzando el rumbo hacia el escenario ideal, donde confluyen la justicia, la equidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar general.