Desde inicios de año, se ha venido denunciando que, a partir de la política de austeridad proclamada por el gobierno de Andrés López Obrador -a la que también se ha calificado como austericidio, término acuñado por el ex presidente español Felipe González- los servicios públicos de salud han sufrido recortes muy importantes afectando la capacidad de las instituciones del sector para atender a miles de pacientes.
Se estima que entre la reducción presupuestaria que se determinó al arrancar esta administración, y el recorte adicional del mes de mayo, los recursos para el sector salud han disminuido en poco menos de 4 mil millones de pesos. Una de las consecuencias es que, de acuerdo a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), se han despedido a alrededor de 10 mil personas entre médicos enfermeras y radiólogos por la eliminación de plazas, comprometiendo con ello a la ya de por sí insuficiente capacidad de atención y, por si esto fuera poco, bajan a la mitad el sueldo a los pasantes de medicina que trabajan en comunidades marginadas.
La carta de renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS ha sido muy reveladora sobre la situación imperante y que se puede resumir en una de las frases empleadas en el texto: “ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano”, a la que se sumaron las expresiones públicas de inconformidad y preocupación por parte de varios directores de institutos y hospitales, así como los reportajes de algunos medios de comunicación que evidenciaron el desabasto de medicamentos; por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología ocasionando retraso en la aplicación de quimioterapias, o la reducción en 50% en el número de cirugías en el Hospital Infantil de México.
Nadie puede estar en contra de que se combata la corrupción, que se termine con el sobreprecio en la compra de medicamentos, o se investiguen las causas que provocaron que decenas de clínicas y hospitales se quedaron a medio construir o sin el equipamiento necesario y por tanto no están operando. Pero no es desmantelando la infraestructura en el sector salud o negando la realidad como se logrará cumplir con el compromiso asumido por el presidente de contar con un sistema de salud equiparable a los países nórdicos.
No hay forma de explicar que un gobierno esté dispuesto a sacrificar la salud de las personas con el fin de ahorrar recursos para financiar proyectos que parecieran caprichosos como el Tren Maya, la construcción de la refinería Dos Bocas, la oficina presidencial para promover el béisbol -por el simple hecho de ser el deporte favorito de López Obrador- o incluso para rescatar Pemex. Es claro que tampoco las transferencias directas a sectores vulnerables a través de los denominados programas de bienestar permitirán a las familias cubrir los gastos de atención médica -como algunos integrantes del nuevo oficialismo han intentado argumentar-, sobre todo cuando se trate de padecimientos mayores.
Si se consultara a la población respecto a las medidas adoptadas por este gobierno en cuanto a los servicios de salud, probablemente la mayoría estaría de acuerdo con que se siga combatiendo el huachicol de medicinas -aunque no hay evidencia de que en efecto se estén teniendo resultados palpables-, pero en contra de que se precaricen aún más los servicios médicos. Debemos entender que los enfermos no pueden esperar a los tiempos políticos, a que se diriman las disputas ideológicas alentadas por este gobierno o a que se resuelvan los diferendos administrativos y presupuestales. Debe quedar claro que no puede haber mayor prioridad que la salud de la gente.