Aunque en las últimas dos o quizá tres décadas se han registrado algunos avances importantes en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos con la construcción de instituciones, la aprobación de reformas legislativas sustantivas como la del artículo 1º constitucional, así como el impulso de una agenda cada vez más amplia en materia de igualdad de género, infancia, atención a víctimas o no discriminación, dista mucho de ser suficiente y lo que se podría esperar de un gobierno que se asume de izquierda y recibió un apoyo decidido de gran número de organizaciones, activistas, colectivos, es que este fuera uno de sus temas prioritarios.
Sin embargo, en estos meses y particularmente en las últimas semanas las señales emitidas desde el gobierno advierten un panorama no muy alentador en un país muy diverso, con profundas desigualdades, polarizado, violento, y que enfrenta serios rezagos en materia de derechos humanos que demandan el mayor compromiso de los entes públicos y actores sociales. Pero el presidente sigue pensando que la realidad de México se transformó mágicamente a partir de su llegada al poder, y que las instituciones sobran pues basta con que así lo decrete para que las violaciones a derechos humanos sean cosa del pasado como lo señaló en su mensaje con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral.
Lo cierto es que, de acuerdo a cifras oficiales, en 18 meses se han registrado más de 53 mil víctimas de homicidios dolosos así como la desaparición de 5,184 personas cuyas familias exigen justicia, los niveles de violencia de género en sus distintas formas siguen creciendo -cada día se cometen alrededor de 10 feminicidios y tan sólo en los primeros tres meses de este año fueron asesinadas 964 mujeres- tal y como se denunció en las manifestaciones del 8 y 9 de marzo ante las que el presidente mostró muy poca empatía, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) arroja que 1 de cada 5 personas son discriminadas por contar con alguna discapacidad, por su origen étnico, preferencia sexual, creencias religiosas, condición social o apariencia, y conforme a la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa somos uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y también representa un alto riesgo para los defensores de derechos humanos. De igual manera se advierte un retroceso en los derechos de la infancia con la desaparición del programa de estancias infantiles o la escasez de medicamentos para atender el cáncer por citar un par de ejemplos.
En este complejo escenario, cuando lo que se requiere es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la promoción y defensa de los derechos humanos, el gobierno de López Obrador ha optado por su descalificación -la mayoría de las veces injustificada-, debilitamiento presupuestal y, en el caso de la CNDH, por su cooptación llegando incluso a inclumplir con la ley en el nombramiento de su actual presidenta provocando con ello una severa crisis de legitimidad.
Las renuncias de Mónica Maccise al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) -fundado por don Gilberto Rincón Gallardo y que en general ha sido bien evaluado- por un incidente que poco tiene que ver con su desempeño, de Candelaria Ochoa a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sin que a la fecha se conozcan los motivos, y de Mara Robles a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) quien salió en medio de fuertes cuestionamientos de colectivos de víctimas, generan muchas dudas sobre la posición del gobierno que al parecer busca eliminar la poca independencia que tienen estas instituciones, reducir su margen de acción para que no le “generen problemas” y asegurar la incondicionalidad de sus titulares condenándolas a la irrelevancia.
También preocupa que el presidente haya sugerido la desaparición del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) con el argumento de que “para eso está el DIF”, regresando a una visión asistencialista a partir de la cual las niñas, niños y adolescentes son objetos de tutela y no sujetos de derechos, lo que precisamente se buscó modificar con la aprobación de una nueva Ley General que alcanzó un muy amplio consenso. En esa misma lógica debería desaparecer de inmediato la oficina presidencial para promover el béisbol ya que para eso está la Conade, pero nadie se atrevería a proponerlo pues al parecer esta oficina es prioritaria y por tanto intocable. Sin duda hay mucho que corregir y mejorar para darle un mayor impulso a la agenda de derechos humanos, pero su desmantelamiento no es la vía para ello.