La expedición de cédulas profesionales electrónicas es un anuncio del gobierno federal, aun encabezado por Enrique Peña Nieto, de que abandona la supervisión del proceso de autenticidad de los documentos para otorgar los grados de técnico superior, licenciatura, especialidad y posgrado. Lo que significa un hecho de enorme gravedad.
Cédulas profesionales
Se corre el riesgo de que alguna persona se convierta en médico, ingeniero, abogado, químico, arquitecto o practicante de cualquier otra profesión con el simple aval (una firma) de alguna de las 9 mil 300 instituciones de educación superior sin haber cumplido con todos los requisitos académicos. De ellas únicamente 4 mil 500 instituciones estatales cuentan con reconocimiento de validez oficial.
¿Quién impedirá que universidades llamadas coloquialmente “patito” faciliten que una persona se convierta de la noche a la mañana en un distinguido profesionista? No tenemos la respuesta, pero lo grave es que se rompen controles que facilitaran los fraudes al por mayor.
Se expondrá a que tengamos profesionistas, no al vapor, si no a un teclazo de computadora.
Las universidades e instituciones de educación superior (públicas y privadas) carecen de instrumentos y personal capacitado para verificar la autenticidad de los documentos. El gobierno federal, a través de la Secretará de Educación Pública (SEP), al desatenderse de esa tarea, dejará que los particulares se ocupen de tareas que corresponden únicamente a la función pública.
No se cuestiona la digitalización, que es una tendencia irreversible de la modernidad, sino que a meses del término de la gestión peñista se herede al próximo un problema mayúsculo en el que se retire el control del proceso.
Violaciones a derechos laborales
La Dirección General de Profesiones de la SEP requiere de mayor presupuesto y los retrasos en la entrega de las cedulas profesionales son inadmisibles. Desde la llegada de Israel Barrios Hernández a esa institución en septiembre pasado, el desorden ha sido creciente. Se ha caracterizado por la falta de respeto a su personal, en el retraso en su pago, contratados irregularmente como de “honorarios”, sin seguridad social, ni prestaciones legales.
Los hacen trabajar más de 8 horas para atender las filas interminables de profesionistas que van a exigir la entrega de sus cédulas profesionales.
Eso sí, el director de esa oficina de expedición de cédulas profesionales cobra a tiempo sus $122 mil 249 mensuales y nada le preocupa, sólo que ya se va…
Constantemente amenaza a los empleados de esa dependencia con despedirlos, como a otros que ha mandado a la calle por haber protestado por malos tratos y retraso en el pago de sus salarios.
Israel Barrios Hernández llegó como protegido de Alfredo Castillo Cervantes, quién fuera el flamante “Comisionado” en el estado de Michoacán y Procurador del Estado de México. Aquel famoso “investigador” del caso de la niña Paulette, que la decían desaparecida y fue encontrada muerta a los pies de su cama.
SEP
Israel Barrios Hernández, dejado en herencia por el anterior secretario de educación pública, con la imposición apresurada de la cédula digital deja un modelo para el que no están preparadas las instituciones públicas. Una cédula profesional que ya no funcionará como identificación oficial y que además facilitará fraudes. El malestar de los usuarios hacia ese invento digital desordenado es generalizado.
Otto Granados, actual Secretario de Educación Pública, quién debería estar más atento a sus obligaciones, anda más ocupado en limpiar los manejos desorbitados de su antecesor Aurelio Nuño en materia de publicidad. En la SEP ya no atienden sus obligaciones sino que ahora se ocupan de borrar toda huella de responsabilidad.
Muchas áreas gubernamentales ya huelen a tufo por la basura que tienen bajo la alfombra, pero hay otros que no la pueden ocultar, como estos directivos aprendices de la nada, ahora anidados en la Dirección de Profesiones.